En el contexto de los primeros 100 días de gobierno de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, así como los de la gobernadora de Guanajuato, Libia García, encontramos enfoques diferentes que marcan una forma en que ambas mandatarias buscan distinguir a sus gobiernos.
A nivel federal se presentó el llamado Plan México, que se considera el “elemento angular de la Política Económica e Industrial del país”, fue confeccionado por el Consejo Asesor Empresarial, un órgano de consulta que ha constituido la presidenta Sheinbaum para atraer inversiones y crear empleos.
Dentro de las acciones que se contemplan en dicho plan, está la publicación, el pasado martes 21, de un decreto de estímulos fiscales que permite la deducción inmediata de activos fijos para empresas que inviertan en alta tecnología, inversión y desarrollo, además de deducciones adicionales del 25 % al gasto para las que capaciten a su personal y/o promuevan las invenciones y la obtención de patentes o certificaciones.
También se contempla desarrollar proveeduría local por sector, buscando reducir las importaciones y finalmente se pretende lanzar una banca para mypimes y muy importante, retomar los esquemas de participación privada en generación de energía.
En nuestro estado hace falta un Plan Guanajuato que fomente las inversiones incluyendo una serie de estímulos fiscales para disminuir impuestos locales como el de la nómina, el de traslado de dominio, el predial, cedulares, etc., principalmente para empresas nuevas o actuales que inviertan en Guanajuato.
Un plan que incluya subsidios que fomenten la creación de empleos, el restablecimiento de acceso a financiamientos baratos (acaban de destruir Fondos Guanajuato), a la capacitación dual y el impulso a las exportaciones, además de un verdadero programa de mejora regulatoria para la apertura de nuevas empresas.
Aquí se necesita un proyecto valiente que formalice actividades que no pagan impuestos ni brindan seguridad social, eliminando un trato desigual a los contribuyentes y rematando con una política de atracción de inversiones dirigida a empresas que se comprometan a integrar proveedores locales.
En Guanajuato los primeros 100 días se distinguieron principalmente por acciones enfocadas en presumir “logros” del gobierno en materia de programas asistenciales y algunas acciones en temas de seguridad, pero pocas decisiones trascendentes encaminadas a la constitución de empresas y a la creación de empleos. Por el contrario, aquí se disminuyeron presupuestos al Instituto de Innovación, a Cofoce y a la Secretaría de Economía.
El Plan México no es la panacea, tiene limitaciones e ilusiones, pero al menos obtuvo la participación, aprobación y apoyo de los empresarios, en donde el gobierno reconoce el valor que las empresas tienen para lograr desarrollo, crecimiento y bienestar.
Mientras ese plan, impulsado por la Presidenta, intenta contrarrestar la incertidumbre generada por otras medidas adoptadas por su propio Gobierno, en Guanajuato nos preguntamos: ¿Hasta cuándo nuestro gobierno estatal va a valorar la aportación que hacen los empresarios y que ha impulsado el desarrollo del estado? ¿O seguirán pensando que los programas sociales se pueden sostener sin antes asegurar los ingresos que se necesitan para pagarlos?
Por lo que hemos visto en sus primeros 100 días, las autoridades estatales han optado por cuestionar y descalificar la participación de los empresarios, considerando que no es un sector prioritario, pues, como ellos dicen “los empresarios no dan votos”, mientras que, paradójicamente, desde el Gobierno federal promueven la visión y participación empresarial.
Todo esto nos lleva a pensar que quizás el Gobierno federal ha comprendido, por lógica elemental, que para sostener tantos programas sociales se necesita quién pague impuestos y eso se logra a través de las empresas, pues para regalar dinero, primero hay que obtenerlo. Si aquí el Gobierno estatal está copiando el modelo federal, ¿por qué no copian también esta parte?
RAA