León, Guanajuato – A un año y un mes de haberse denunciado la venta irregular de un terreno, propiedad del Jardín de Niños Juan Aldama, ni la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ni la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) tienen una resolución.
Y en el Tribunal de Justicia Administrativa sí ha habido resoluciones, pero todavía no termina el juicio, porque ha habido varias apelaciones.
Así lo informaron esas tres dependencias a la ASEG y el titular de esta, Javier Pérez Salazar, al diputado Víctor Zanella Huerta, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso, mediante un oficio del cual AM tiene copia.
En septiembre de 2021, el portal de noticias Pop Lab publicó que, de manera subrepticia, sin que los directivos de la escuela, ni los padres de familia se enteraran, el Ayuntamiento de León vendió un terreno del Jardín de Niños Juan Aldama a un particular.
Esto se hizo mediante una subasta pública, como parte de un “paquete” de 40 terrenos baldíos que, según el entonces tesorero municipal Enrique Sosa, no tenían utilidad para el Gobierno Municipal. El particular que compró lo vendió a su vez al empresario Gabriel Padilla.
El 11 de octubre de 2021, un día después de tomar posesión, el síndico José Arturo Sánchez Castellanos presentó una denuncia por este hecho ante la Contraloría Municipal, la cual determinó meses después que Enrique Sosa modificó documentos del Ayuntamiento para poder vender el terreno en cuestión, sin embargo calificó el hecho solo como “abuso de funciones” y no lo consideró como falta grave.
Sobre este caso, Javier Pérez Salazar, titular de la ASEG, informó vía oficio del 25 de octubre de 2022 al diputado Víctor Zanella, que pidió información a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción sobre el avance del caso.
La Fiscalía respondió vía oficio del 17 de octubre que la carpeta de investigación radicada bajo el número de expediente 119364/2021 del 4 de noviembre de 2021 “se encuentra en trámite, en etapa de investigación inicial sin que hasta esa fecha se hubiere emitido determinación al respecto”.
La SEG informó el 21 de octubre al Auditor Superior de la ASEG que el 29 de octubre de 2021, el titular del área de Investigación le notificó a Ulises Guillermo Rugerio del Orbe, director de Contraloría Social del Ayuntamiento de León, que se había realizado de oficio la investigación derivada de los mismos hechos que denunció.
(…) El Área de Investigación se encuentra realizando la investigación respectiva, en la cual se están observando los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos, por lo que una vez agotada la etapa de análisis (…) procederá a determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley de la materia señala como falta administrativa, misma que se hará de conocimiento al denunciante”, explica el escrito.
Por su parte, la Contraloría Municipal de León informó el 17 de octubre de 2022 cómo van los procedimientos al respecto, que fueron turnados al Tribunal de Justicia Administrativa y que todavía no concluyen.
Refirió que el 31 de mayo del 2022 se sancionó a varias personas, no dijo cuántas, con la inhabilitación temporal de 10 meses.
En ese oficio no se informó, pero un periódico estatal informó el 22 de octubre pasado que
la Contraloría municipal recurrió ante un juzgado federal la sentencia absolutoria del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) a favor del extesorero Enrique Sosa Campos por la compra-venta de un pedazo del kínder Juan Aldama.