León, Guanajuato.- María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, reprochó a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato no contabilizar los cadáveres hallados en fosas clandestinas en el reporte oficial de número de víctimas de homicidios dolosos.
“La labor de colectivos de familiares de desaparecidos han evidenciado el cementerio en el que se ha convertido nuestro país y donde algunos de los gobiernos estatales, como por ejemplo el de Guanajuato, tiene el cinismo de no subirlos a sus estadísticas de homicidios, como siempre se ha hecho”, acusó.
Lo dijo en la presentación virtual del informe 2021 “Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios”, elaborado por Causa en Común, mismo que revela el registro hemerográfico de 556 fosas clandestinas en el país.
En la clasificación de reportes de fosas clandestinas Guanajuato lo ubican en segundo con 79 casos, empatado con Sonora, y sólo por debajo de Jalisco con 109.
En la presentación participaron también Eliana García, activista; Bernardo León, politólogo y abogado; y David Saucedo, consultor en seguridad pública. Todos coincidieron en el fracaso de las políticas de seguridad en todos niveles y colores.
David Saucedo también acusó que hay una problemática de subregistro de homicidios de cuerpos encontrados en fosas clandestinas en varias zonas del país. Lo cual, dijo, “quiero pensar que es un problema técnico y no de mala fe”.
No obstante, sí acusó que la Fiscalía General del Estado actúa “maquillando cifras” al reportar homicidios culposos (accidentes) que en realidad son homicidios dolosos.
El analista expuso que la dinámica de violencia en casi todas las regiones del país depende de las decisiones de los cárteles, y no de acciones de las autoridades.
Hay que reconocer disminución en Salamanca, Celaya, Salvatierra, al parecer por operativos de presencia disuasiva, hay 12 mil efectivos federales y otros tantos estatal y municipales. Pero no están haciendo labor de desarticulación de células criminales, el día que se retiren nuevamente se va a desatar el infierno.
El sistema colapsado en Guanajuato
Los panelistas sostuvieron que nada detendrá la violencia si prevalece la impunidad.
“El nivel de impunidad, la alta cifra negra, lo que produce es que la abrumadora mayoría de los delitos no se investiga, y los que cometen delitos no tengan ninguna consecuencia legal. Estos niveles de impunidad son los que producen que haya una espiral ascendente de violencia, a nadie le cuesta delinquir”, apuntó Bernardo León.
El ex Asesor de la Secretaría de Seguridad de León insistió en que el problema es que las policías locales no reciben denuncias, a pesar de que desde el 2008 la ley les obliga a que lo hagan. Y mucho menos investigan los delitos porque deben hacerlo bajo la conducción y mando del Ministerio Público, y eso lo complica todo.
“Hay policías grandes, como las de Ecatepec o León, que tienen los recursos y el personal necesarios para entrar en control del problema de seguridad en sus localidades, pero que no están recibiendo denuncias a pesar de que la ley dice que lo deben de hacer obligatoriamente, que no están investigando los delitos.
Y lo que acaba pasando es que, aunque las policías locales sepan bien quiénes son los que cometen delitos, no puedan hacer investigaciones, procesarlos y sacarlos de circulación, porque no tienen las herramientas legales para hacerlo.
Refirió que el concepto de delincuencia organizada sirve de pretexto, por ser un delito del fuero federal, para que las autoridades locales no investiguen delitos.
“A nivel local todos dicen “es delincuencia organizada, no nos compete”, y toda la fuerza pública que tenemos para procesar a un montón de delincuentes no la estamos usando porque hay un impedimento legal, es increíble. Es muy importante quitar las restricciones para que las autoridades puedan hacer su trabajo”, dijo.
La activista Eliana García lamentó que no hay planes frente a la violencia. “No importa quien gobierne o haya gobernado una entidad, la violencia es incontenible”.
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, señaló:
Es imperativo el rescate de las policías locales y revertir el proceso de militarización que pone en riesgo la democracia y no sirve para enfrentar la violencia.
Eliana García, activista, mencionó:
La indolencia no se va a resolver hasta que la sociedad civil no se conmueva y no nos movilicemos para terminar con la violencia, eso habríamos de hacer: movilizar.
David Saucedo, analista en seguridad pública, indicó:
Una de las estrategias tendría que ser impedir que se extienda la violencia, por ejemplo a Querétaro. El Gobierno Estatal de Querétaro está intentando blindar de lo que pasa en Guanajuato y Michoacán. Sí se puede blindar a ciertas zonas del país.
Y Bernado León Olea, politólogo y abogado, agregó:
Delincuencia organizada ya empieza a ser un concepto que no tiene significado, un cliché, si son tres, cinco, 20 personas que actúan en una zona cometiendo determinados delitos, no es lo mismo que una organización trasnacional, de pronto eso impide que bandas locales sean investigados y perseguidos por la justicia local.
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LALC