Recientemente, en un segundo intento de los actuales diputados locales para legislar la interrupción legal del embarazo, integrantes de la bancada Morenista, presentaron una iniciativa que busca reformar los  artículos del Código Penal de Hidalgo y de la Ley de Salud. De acuerdo con el proyecto, aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación.

GRUPOS ANTIDERECHOS

El pasado 29 de junio, en sesión de comisión cuando aún no daba inicio la discusión sobre ILE las instalaciones del Congreso fueron tomadas por grupos autodenominados “Provida”. Entre sus argumentos, mencionan que la mayoría de hidalguenses están “en contra de la interrupción del embarazo”.

Lo que aún no han entendido es que los derechos de las minorías no se deciden a través de las mayorías.

Esta discusión va más allá de todo dogma o creencia, este es un tema de justicia social con las mujeres y niñas más vulneradas y que viven en carne propia la violencia machista en su máxima representación.

Nuestra deuda es con las mujeres que vieron sus vidas truncadas por esta causa.

Es en memoria de las que ya no están, es por las mujeres que seguimos en pie de lucha y por las que vendrán.

La última vez que la iniciativa paso por el pleno del Congreso del Estado, en ese primer intento, la ILE fue desechada con 15 votos en contra, 10 a favor y cinco abstenciones.

SOMOS MÁS QUE CIFRAS

De acuerdo con Marie Stopes México, mil 180 mujeres provenientes de Hidalgo han recibido servicios de Interrupción Legal del Embarazo en la Ciudad de México, convirtiéndose en la tercera entidad con más mujeres que acuden a este servicio. La demanda de las hidalguenses es contundente. El aborto tiene que ser DESPENALIZADO aquí, y en todo el país.

Muchos son los argumentos que se podrían decir. Uno de ellos es, sin duda, el proceso de criminalización por aborto que, en todo el país, sigue patrones comunes: niñas y mujeres llegan a un servicio de salud con un aborto incompleto o en evolución, y ahí son cuestionadas, denunciadas e interrogadas. Algunos de los procesos penales culminan en sentencias condenatorias, ya sea privación de libertad, multa, trabajo en favor de la comunidad o “tratamiento médico integral”, una forma de sanción que, a pesar de no representar una pena de prisión, perpetúa la idea de que quienes abortan necesitan ser “curadas”.

Tal es el caso de Rebeca, una mujer de Hidalgo que cursaba un embarazo deseado. Seguía estrictamente sus controles prenatales, debido a que tenía un embarazo de alto riesgo, y portaba una pulsera del IMSS que le permitía el acceso a servicios de urgencia médica. Una mañana en febrero de 2012 se sintió afiebrada debido a una infección en vías respiratorias. Cuando se metió a bañar para bajarse la fiebre, tuvo un sangrado y arrojó dos coágulos, por lo que su mamá decidió llevarla al hospital. El médico que la revisó afirmó que se había colocado una pastilla abortiva y le dijo a una enfermera que llamara al ministerio público; también impidió que Rebeca hablara con su mamá.

Rebeca fue sujeta a un proceso penal acusada de tentativa de aborto. Fue privada de la libertad en una cárcel de su entidad durante 19 días bajo condiciones precarias e insalubres, lo que deterioró su salud. Al enterarse del caso, GIRE cubrió la fianza para que Rebeca obtuviera la libertad provisional, y presentó un amparo en contra del auto de formal prisión, mismo que fue resuelto el siguiente enero con una sentencia favorable. El ministerio público interpuso una apelación en el caso de Rebeca, pero en octubre de 2013 se obtuvo la resolución final a favor de ella, por lo que pudo solicitar la devolución de la fianza otorgada.

De acuerdo con datos obtenidos por AM Hidalgo tan solo en el 2019 se registraron 14 carpetas de investigación por el delito de aborto en Hidalgo. Reina Hernández, vocera de la asociación civil Alas para Crear, indicó que en Hidalgo “sí hay casos de mujeres que se encuentran encarceladas por el delito de aborto.

Tal como ya lo he hablado antes, el Código penal para el Estado de Hidalgo (Libro segundo, título primero “Delitos contra la vida y la salud personal, capítulo V, artículo 157) cita lo siguiente: A la mujer que se le procure el aborto para evitar la exclusión social o por pobreza extrema se le impondrá pena de prisión de tres meses a dos años y multa de 5 a 25 días.

Que la ley sea tan rigurosa en este tema y que el castigo sea tan desmedido, no evita que el aborto deje de ser practicado. Es por ello que cada vez se registran más muertes debido a la clandestinidad que esto implica.

Hoy como sociedad, aún tenemos prácticas y expresiones que no sólo condenan el hecho de abortar, sino a toda persona que apoye la despenalización del mismo, estamos en la era de la información que no genera un pensamiento analítico, en el tiempo en que si una mujer quiere decidir sobre su cuerpo de inmediato se convierte en asesina; en donde si exigimos tomar nuestras decisiones perdemos el derecho de ser escuchadas. Estamos en el día en que pelean por un “ser humano” y nosotros hemos olvidado como serlo, y basta con ver la cifras de embarazos en niñas y adolescente en fechas recientes y saber que en México, 30 niñas de entre 10 y 14 años dan a luz cada día, 900 cada mes, 5 mil 400 cada seis meses. 4 de cada 10 niñas menores de 15 años son violadas y aproximadamente al año hay 400 mil embarazos en adolescentes, pequeñas niñas sin acceso a una educación sexual; sin una autoridad que defienda su derecho a decidir; sin un ingreso para poder mantener a otro ser humano; sin una familia que las apoye; sin entendimiento de su situación.

Cientos de mujeres en Hidalgo están muriendo a causa de un aborto clandestino, muchas NIÑAS están siendo obligadas a parir al hijo de su VIOLADOR, muchos de los niños no deseados están siendo explotados laboral y sexualmente. No pararemos hasta que cada mujer decida sobre su cuerpo, porque en Hidalgo SERÁ LEY.