Una mujer simpática y profesional que se ganaba el cariño de la gente de la gente, así es como personal médico del Hospital General de Pachuca describió a su colega la doctora Beatriz, quien se encontraba bajo resguardo de autoridades de Progreso de Obregón luego que la detuvieron el 9 de junio por participar en un accidente vial en el que no hubo personas lesionadas; poco después fue hallada sin vida en la barandilla municipal.
Apenas el caso cobró fuerza en medios y redes sociales, el ayuntamiento encabezado por el alcalde Armando Mera Olguín inició la emisión de comunicados lamentables y revictimizantes con los que buscó sacudir la responsabilidad de corporación y autoridad municipal y trasladarla de lleno a la víctima sin contribuir absolutamente en nada al esclarecimiento de los hechos, al contrario, hizo aseveraciones tan extrañas y ambiguas que solo ahondaron el pantano.
Con el objetivo de exigir justicia por la muerte de Beatriz, que ya se investiga bajo el protocolo de feminicidio, y tras las extraviadas palabras del gobierno municipal, las colectivas Mizquitl y Resistencia Feminista convocaron a una manifestación en Progreso el viernes 11 de junio que terminó con el edificio de la alcaldía en llamas, pero las convocantes señalaron que terminaron su protesta alrededor de las seis de la tarde y se retiraron antes de que el fuego apareciera en el inmueble. Conviene recordar que a esa marcha se incorporaron pobladores que aprovecharon para unirse al reclamo.
Después de estos hechos, en otro desafortunado comunicado el ayuntamiento de Progreso, emanado de Morena, acudió a uno de los recursos favoritos del presidente López Obrador al desestimar la legitimidad de la protesta, la calificó como vandalismo, reprochó la destrucción de patrimonio municipal (muebles y papelería) y añadió que todo es un plan en su contra orquestado por el gobierno estatal; “no son las formas”, fue lo único que le faltó decir.
Al repudio e indignación plenamente justificados y crecientes por parte de familiares, amistades, activistas y colegas de Beatriz, así como de la población general, también se sumó ayer el gobernador Omar Fayad, quien no tuvo empacho en decir que en los separos de Progreso “un puñado de criminales privaron de la vida a la doctora que estuvo en la primera línea en la batalla contra el COVID” e incluso agregó que de ser necesario pedirá la intervención del gobierno federal, así que las autoridades municipales ya tienen muy poco espacio a dónde hacerse.
Sin embargo, hay que recordar que el gobierno estatal tiene también cola reciente en el tema de abuso y brutalidad policial, pues este lunes el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) pidió la reparación integral del daño para Leobardo, habitante de Xuchitlán, San Salvador, quien fue lesionado durante la manifestación en palacio de gobierno del 1 de junio y que se encuentra en el Hospital General de Pachuca con traumatismo craneoencefálico severo y pronóstico reservado para la vida.
El manifestante fue herido en las inmediaciones del palacio municipal luego que el integrante de la Agencia de Seguridad de Hidalgo identificado como A.B.R. lo golpeó en la cabeza con un “multilanzador de agentes químicos”, indicó la CDHEH.
Por ese caso, la Comisión emitió una recomendación al comisario general de la Agencia de Seguridad de Hidalgo, Uriel Moreno Castro, y se señala como responsables al inspector J.M.D.C. y al oficial referido.
Ambos casos son ejemplo de las deficiencias y abusos existentes en los cuerpos policiacos municipales y estatales de Hidalgo, también de que este tipo de casos reciben atención plena de las autoridades hasta que las imágenes y exigencias les son ineludibles por la virulencia mediática.
La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.