¿Independencia Judicial?

Históricamente, el Estado de Derecho apareció cuando en los estados modernos se luchó para que la personalización del poder del monarca diera paso a una organización política y administrativa regida por formas jurídicas establecidas con normas que la sociedad avale. La idea de limitar al Estado fue propuesta por Georg Jellinek.

En una conceptualización más reciente, el Estado de Derecho de acuerdo con “World Justice Proyect” es un sistema de reglas en el que todas las personas, instituciones y entidades están sometidas a la ley, la cual se aplica de forma equitativa, justa, y con total apego a los derechos humanos bajo cuatro principios universales; rendición de cuentas, leyes justas, gobierno abierto y acceso a la justicia.

El acceso a la justicia en México ha sido a lo largo del tiempo un tema que se ha hecho presente como una exigencia ciudadana por parte de los gobernados derivado de la constante impunidad en diversos casos. Según informes presentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en México la impunidad alcanza niveles superiores al 98%, siendo que tan sólo alrededor de 1.5% del total de las denuncias presentadas (se estima un 20% del total de los delitos cometidos) llegan ante un juez. Es precisamente la impunidad enraizada desde hace tiempo en nuestro país, y los persistentes obstáculos al acceso a la justicia que se ha buscado avanzar de forma prioritaria hacia un sistema que garantice los derechos de todas las partes y permita sancionar a los verdaderos responsables a través del fortalecimiento de las instituciones.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es el máximo órgano que encabeza el Poder Judicial de la Federación (PJF). Tiene como función ser guardián y garante de la Constitución mexicana. Además, se encarga de proteger los derechos fundamentales de todos los mexicanos y funge como mediador en las controversias constitucionales. La SCJN está conformada por 11 ministros apegados a un código de ética guiados en su actuar bajo cinco principios:  independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia.

Por lo anterior, resulta relevante comprender la función de la SCJN ya que realiza un contrapeso importante y por lo tanto se encarga de impedir los abusos del poder, así como defender los derechos humanos de los ciudadanos.

Las declaraciones realizadas en días anteriores por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en la que señala de forma directa la actuación de uno de los ministros más reconocidos y respetados en el ámbito jurídico, pero más preocupante aún es la desestabilidad que crea dentro de una sociedad en la que la autoridad máxima para la resolución de controversias jurídicas y constitucionales se ve cuestionada y por ende el fortalecimiento de las instituciones encargadas de garantizar justicia queda disminuida.

Si bien es claro que existe un trasfondo político ante estas declaraciones, derivado de las reformas propuestas a la Ley de la Industria Eléctrica que fueron aprobadas por el Congreso de la Unión, y hoy se encuentran bajo la revisión del Poder Judicial con la finalidad de verificar que la reglamentación sea justa de acuerdo con lo previsto en la Constitución y a su vez en los Tratados Internacionales firmados por México, mismo que no fue del agrado del presidente.

No hay que olvidar que el voto mayoritario en las elecciones de 2018 favoreció al Partido Movimiento de Regeneración Nacional quién actualmente cuenta con 305 diputados y 74 senadores y ante la considerable ausencia de oposición el ejercicio del Poder Legislativo se ha visto apoderado por MORENA en el ejercicio de aprobación de leyes, sobre todo aquellas impulsadas por el propio presidente.

Hoy ante estos controvertidos señalamientos realizados hacia el Poder Judicial, nos pone a considerar la importancia sobre la existencia de los tres poderes de gobierno Ejecutivo, Legislativo y Judicial y más aún la responsabilidad de cada uno de estos para ejercer sus facultades sin ningún tipo de presión política ni mucho menos acuerdos en “lo oscurito”, que pongan en riesgo la legalidad de las leyes, pero sobre todo la seguridad de los mexicanos.