15 por ciento

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Apenas la semana que termina, dentro del caos, la crisis de salud y económica generada por la pandemia, los mexicanos recibimos una buena noticia: El salario mínimo en México recibió un incremento de 15%.

Una cifra alentadora en el poder adquisitivo de los trabajadores que, para algunos críticos, es inclusive baja con relación a la pérdida del poder adquisitivo del salario en los últimos 30 años, pero extraordinaria, comparada con los acuerdos cupulares, en los que el trabajador fue sometido a incrementos “acordes a la inflación” reportada por instancias “oficiales”.

En el papel, sin duda alguna, representa una nota de 8 columnas, pues por vez primera en muchos años, se otorga un derecho más que legítimo a la clase trabajadora; ahora bien, hagamos el análisis en la vida real y las consecuencias de esta decisión, prácticamente unilateral, por parte del gobierno federal.

La noticia del incremento salarial, viene precedida por reformas a la Ley Federal del Trabajo, en donde se reconoce el trabajo en “casa” o a “distancia”, a través de las cuales, el legislativo de la unión, ha dispuesto que, en virtud de que los trabajadores deben mantenerse en aislamiento social, para evitar propagar el virus de la COVID 19, el patrón debe dotar de internet, computadora e inclusive pago de energía eléctrica, al trabajador.

En los hechos, y dependiendo del tipo de empresa, algunos patrones descansaron de responsabilidades como el pago de renta de espacios de oficina, agua, energía eléctrica y hasta internet, dejando la carga del pago a sus empleados, pero en la mayoría de los casos, el trabajo presencial es indispensable, pues la manufactura, no se hace desde una computadora en casa.

Los legisladores tazaron parejo y, en un acto de justicia social, más no económica, han dispuesto ordenar al patrón a pagar los servicios, para que sus empleados produzcan.

El pequeño problema es que sin estudios previos y sin definir porcentajes ni cantidades, y más como un acto de publicidad exagerado, determinan la obligación de los patrones, sin establecer parámetros objetivos para su cumplimiento, logrando que estas reformas, sean una caricatura de buenas intenciones, pero de imposible aplicación.

Lo mismo sucede con el incremento salarial, pues si hacemos un breve recuento, 2019, sin pandemia ni crisis global, sino por inexperiencia y graves decisiones administrativas del gobierno federal, México fue de los pocos países que cayó en una recesión, peor aún, para 2020, la caída presentó casi 10% del Producto Interno Bruto, que a decir de los analistas, tardaremos cuando menos, lo que resta de la administración, para regresar a los parámetros del 2018.

En otras palabras, un sexenio perdido en materia económica, que equivale a un retroceso para el país, de 12 años.

Con el incremento salarial, deberemos ver si se incentiva la generación de empleos en el sector formal, o sí, mientras se reforma la ley laboral, se usa el outsorcing, para evadir el pago de salarios, incrementos y prestaciones sociales.

Sumemos, que el presupuesto aprobado por la mayoría de legisladores de MORENA, quitó ingresos a estados y municipios, tan solo en Hidalgo, por 2,300 millones de pesos, con lo cual, empleados del sector burocrático, no solo no percibirán dicho incremento, sino que, por el contrario, varios de ellos tendrán que ser despedidos para pagar las nóminas.

El mejor ejemplo se da en educación, pues en las Universidades Politécnicas, en más de 13 años no han obtenido incremento salarial y por la decisión de los diputados federales, su presupuesto será reducido, con lo cual, algunas plazas, administrativas y académicas, sufrirán recortes, mucho menos pensar en el incremento del 15% anunciado con bombos y platillos.

Otro ejemplo, la centralización ambiciosa que inició con Emilio Chuayffet, en el gobierno de Peña Nieto y que no se modificó en el presente gobierno, dejando sin dinero a los Estados para pagar salarios, pero dejando las obligaciones de los contratos colectivos, sin recursos para su cumplimiento.

En otras palabras, el incremento salarial se aplaude, pero bajo las circunstancias actuales, parece más bien un acto de campaña anticipado, que lejos de incentivar la generación de empleos en el sector formal, invita a la informalidad y el outsorcing, además de que los empleados al servicio del estado, lejos de ser mexicanos de segunda, verán en riesgo su fuente de empleo, antes de recibir el añorado y prometido incremento.

Al final, buenas noticias, falsas expectativas&

Por hoy me despido, esperando tus comentarios.

Hasta la próxima.