COVID en el Congreso, desigualdad y privilegio

Cientos de miles de personas se quedaron con las ganas de pasar el 2 de noviembre en compañía de sus difuntos en cementerios de todo el país. La pandemia de COVID se amplió ya mucho más de lo esperado y las celebraciones de este mes padecieron también las restricciones que buscan impedir la expansión de contagios; mismo destino pende sobre los multitudinarios festejos decembrinos que deberán esperar al próximo año a ver si para entonces nos encontramos en mejor forma para enfrentar el virus.

Aunque en varios sitios del país menores de edad y sus padres sí recorrieron calles para pedir la tradicional calaverita, algunos municipios incluso prohibieron esta actividad argumentando un posible riesgo de contagio, por lo que niñas y niños tuvieron que conformarse con los dulces que pudieran comprar por su cuenta.

Hasta el pasado domingo, México sumaba 929 mil casos confirmados de COVID-19, mientras que 91 mil 895 habían muerto a causa del coronavirus SARS-CoV-2. En este escenario, cerrar panteones para evitar que familias visitaran a quienes ya no están con ellas o prohibir contingentes en busca de dulces es apenas congruente, sobre todo porque ya iniciamos la temporada de influenza que sumada a la todavía indomable pandemia podría causar nuevos problemas en nuestro país.

Como ya se ha mencionado en varias ocasiones desde que inició la contingencia, nuestro país se encuentra particularmente vulnerable al nuevo coronavirus, pues además de las comorbilidades que arrastra más de la mitad de la población, las condiciones de pobreza y marginación se agravan con la emergencia. 

Baste notar la diferencia entre la ciudadanía común y nuestros representantes del Poder Legislativo. Aquella, arrojada a la circunstancia de vivir al día, se abraza al escudo único de usar cubrebocas, pues aunque la sana distancia es medida también deseable, se vuelve imposible en el transporte o espacios públicos que a estas alturas se encuentran ya muchas veces abarrotados; mientras que los segundos, gozan de los beneficios de una posición que les da acceso a mayor protección. 

De acuerdo con el portal Animal Político, desde el comienzo de la pandemia las dos cámaras del Congreso de la Unión han gastado 14 millones 430 mil pesos de recursos públicos en la aplicación de pruebas rápidas y PCR para la detección de COVID-19, tanto para trabajadores de los recintos como para los legisladores.

Recientemente, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, dio a conocer que en dos días aplicaron 805 pruebas PCR en las instalaciones de la cámara alta, como parte de las acciones para endurecer las medidas de prevención entre los representantes legislativos, pues como realizan una actividad indispensable para el país, es necesario mantenerlos bajo resguardo, dicen.

No habría problema con procurar la salud de los integrantes del Congreso de la Unión si no fuera porque desde el comienzo de la pandemia en México las pruebas de detección de COVID han estado restringidas a personas que lleguen a centros de salud con síntomas vinculados a la enfermedad (e incluso así los mandan a casa sin la prueba si no hay evidencia de gravedad), o bien, que puedan pagarla en servicios particulares con costos que rondan los 3 mil pesos, cifra prohibitiva para la mayoría de los mexicanos.

Después del anuncio sobre las pruebas, algunos legisladores aseguraron que son sus bolsillos los que cubren los costos, y aunque esto fuera cierto, nuestros representantes cuentan con la solvencia económica para asumir el cargo en buena medida por la remuneración que reciben como integrantes de las cámaras. Una vez más, condición de la que carecen la gran mayoría de sus representados. 

Al 29 de octubre, iban 479 contagios en el Congreso de la Unión desde que inició la pandemia, 182 en el Senado y 297 en San Lázaro. Además, sumaban 28 fallecimientos: un diputado, un senador y 26 trabajadores. 

Cuando uno de los legisladores anuncia un resultado positivo, informa también su inmediato resguardo con los cuidados necesarios para proteger su vida, quisiera saber cuántas mexicanas y cuántos mexicanos de las casi 100 mil personas fallecidas en el país tuvo las mismas oportunidades.