De acuerdo con cifras del INEGI, actualizadas a 2018, la economía informal en México aporta 22.5 por ciento del Producto Interno Bruto; es decir, de cada diez pesos generados en este país, 2 pesos con 25 centavos provienen del comercio informal.
El sábado anterior, Hegel Cortés Miranda, director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, publicó en su cuenta de Twitter que ese ayuntamiento registró 140 triciclos bajo resguardo que retiraron de Polanco y Granadas, tras lo cual, procederían a su “destrucción”.
Con su tuit, el funcionario levantó menuda ola de críticas que lo obligó a retroceder y modificar discurso: la destrucción a la que se refería, dijo, era meramente “administrativa” (pa” saber qué será eso), agregó que los vehículos serán devueltos a sus propietarios y donarán los que no sean reclamados (entonces, ¿como pa” qué se los quitaron en un principio?).
En las imágenes que publicó Hegel Cortés se aprecian los triciclos amontonados, algunos incluso con los termos que probablemente usaban los propietarios para llevar atole o café a su clientela compuesta seguramente por oficinistas, en su mayoría. Esta modalidad de comercio móvil es popular en muchas zonas del país, eloteros, tamaleros, panaderos, taqueros y hasta el afilador se mueven en bicicletas, muchos otros lo hacen en carros específicos como camoteros y hamburgueseros, algunos más lo hacen en vehículos casi siempre de añejo ensamblaje como el de los fierros viejos.
Además, la informalidad es también fija o semifija, vendedores ocupan espacios casi siempre públicos para instalarse a realizar su labor. Esta situación ha motivado discusión precisamente por su derecho o falta de él de utilizar áreas que, en teoría, pertenecen a todos. La movilidad en la capital del país y en las de los estados, además de otras grandes ciudades, así como el uso de espacios públicos, se ha convertido en tema prioritario para las distintas administraciones debido principalmente al aumento de población y contaminantes.
El despojo de triciclos en Polanco despertó voces que reclaman la oportunidad de comerciantes ambulantes a buscar el sustento, lo cual no debe estar a consideración pues trabajar no debe ser considerado un ilícito. Mas igualmente necesario es analizar que la informalidad está repleta de vicios que perjudican a la ciudadanía y a los propios comerciantes. Por ejemplo, las mafias organizadas que les cobran derechos de piso o diversas cuotas para permitirles ejercer su actividad.
La necesidad de formar organizaciones de comerciantes informales, pues de otra forma son aun más vulnerables a los abusos de delincuentes y autoridades, es aprovechada por estas últimas, que buscan el favor de ambulantes especialmente en tiempo electorales e incluso como grupos de fuerza que usan a conveniencia.
En un país como el nuestro, donde más de la mitad de la población vive en condición de pobreza, que además ha sido agravada severamente por la pandemia, la informalidad representa una posibilidad de mantener a flote la economía de millones de familias y, al mismo tiempo, del país, pero la coyuntura exige también regular la actividad para evitar los abusos por parte de todos los involucrados al mismo tiempo de impedir que cualquiera se convierta en víctima de aprovechados.
Si bien es imposible es una solución rápida y contundente, urgente es comenzar a trabajar en modificar las circunstancias que imperan en la actual informalidad nacional, la cual es incluso parte de la cultura nacional. México es impensable sin sus tianguis y vendedores que han construido signos de amplio reconocimiento social. Las imágenes, sonidos y olores de puestos ambulantes son reconocibles por la sociedad entera. Los escenarios son parte de las comunidades y aunque sus prácticas perniciosas también lo son, despojar de sus medios de subsistencia a quienes salen a trabajar no es otra cosa que agravar un problema.
La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.