Poco a poco, con expectativas y temores, con pasos en falso y a veces trompicones, en varios estados del país ya empezó el proceso de reactivación económica.
En Hidalgo, aunque por ahora tenemos medidas muy rigurosas (y debo agregar, necesarias) de distanciamiento, en cuestión de semanas también estaremos entrando en ese proceso, y este es un buen momento para hacer un alto en el camino y evaluar cómo vamos a llegar a la famosa nueva normalidad.
Nuestro Estado, como todo el país, ha sufrido los estragos económicos y sociales de la pandemia, y ha visto como se merma la salud de su gente, que es lo que más nos entristece a todos.
Al día de hoy, nuestro Estado tiene 2 mil 983 contagios, ocupa el 17avo lugar nacional en el número de casos confirmados, y por desgracia ha registrado 469 fallecimientos, que representan el 2.5 por ciento del total nacional.
En materia económica, hasta el mes pasado, en Hidalgo existían 226 mil empleos formales, de los cuales en dos meses se han perdido aproximadamente 11 mil; debe reconocerse que, durante el último año y medio en Hidalgo, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las entidades, donde el desempleo va al alza, nuestras fuentes de trabajo formales se han mantenido estables, lo mismo que las tasas de ocupación, que hasta antes de la pandemia eran inferiores al dos por ciento, y de las menores a nivel nacional.
Sin embargo, hay que considerar que la población ocupada del Estado es de casi 1 millón 300 mil personas. Si pensamos que 226 mil de esas personas tienen un empleo formal, eso quiere decir que ocho de cada 10 hidalguenses, o bien están buscando una actividad que no encuentran, o bien se desenvuelven en la informalidad.
Durante el primer trimestre de 2020, la tasa de informalidad laboral de Hidalgo fue, de acuerdo con cifras oficiales, de 74.1%, la tercera más alta del país después de Guerrero y Oaxaca.
Dado que el empleo informal ha sido, por sus características, más vulnerable ante la contingencia, es de esperar que el número de empleos perdidos una vez que cambie el semáforo de color, sea superior a los 40 mil puestos de trabajo.
Debido a la enorme proporción de trabajadores informales, Hidalgo se destaca por ser uno de los Estados con menores ingresos del país. El 73 por ciento de la población ocupada gana menos de dos salarios mínimos al mes, y 86 mil de esas personas no reciben remuneración alguna por su trabajo. A nivel nacional, esta proporción es de 63 por ciento.
El 52 por ciento de las personas que ganan menos de un salario mínimo o que no perciben ingresos, son mujeres; al menos, en el 25 por ciento de estos casos, se trata de jefas de familia que, en condiciones normales, enfrentan la manutención de sus hogares y sus hijos en un contexto de desigualdad sistemática. Ahora, además deben hacerlo con una pandemia que pone en riesgo su vida, que les impide trabajar, y que posiblemente haya intensificado las manifestaciones de discriminación y violencia en su contra.
Este es, objetivamente hablando y sin buscar culpables, el Hidalgo que próximamente se incorporará a la nueva normalidad. Un Estado lastimado por la enfermedad, la falta de ingresos y oportunidades laborales, y la desigualdad contra las mujeres.
La sociedad civil reconoce que el Gobierno del Estado ha actuado con responsabilidad durante esta pandemia, y que su Seguro de Desempleo ha sido una medida encomiable para enfrentar la crisis económica; sin embargo, también debe decirse que los alcances del programa han sido limitados, y que esta acción no se acompañó con estrategias para reactivar la planta productiva. En otras palabras, es el mismo subsidio que siempre se le da a los más necesitados, con otro nombre.
Vivimos tiempos extraordinarios que requieren de acciones extraordinarias. No podemos, ni debemos, atenernos a las fórmulas que tal vez funcionaron en el pasado para reanimar la producción, para generar empleos, e incluso para inyectarle ánimo y confianza a la sociedad.
Como ciudadano, quiero ver autoridades que asumen el reto y hacen un compromiso firme con la reactivación no solo de la economía, sino de la ciudadanía. Es tiempo de hacer alianzas, de sentar a todos los grupos a la mesa y de entablar un diálogo porque la nueva normalidad no es usar cubrebocas ni respetar el distanciamiento social. La nueva normalidad nos exige reinventar pautas de comportamiento, consumo, aprendizaje, e incluso de socialización.
Dicho con todas sus letras, la nueva normalidad es reinventar el país; y si vamos a encarar ese reto sin reconocer las necesidades y aspiraciones del otro, va a ser muy difícil que lo logremos.