Hasta el 15 de junio en México han muerto 17 mil 141 personas a causa del COVID-19. El total de infectados era de 146 mil 837 al mismo día, de acuerdo con los números reportados por autoridades federales. Sin inmiscuirnos en suspicacias sobre la veracidad gubernamental que para este caso son irrelevantes, nos topamos con la ineludible realidad de una letalidad de aproximadamente 11 por ciento; es decir, 11 de cada cien personas contagiadas han fallecido.
Desde el comienzo de la contingencia autoridades federales fueron insistentes en las condiciones en que la población mexicana recibiría al nuevo coronavirus. Por un lado, con la ventaja de ser principalmente joven, pues el padecimiento tiene un impacto más severo en personas adultas mayores. Sin embargo, enfatizaron también la vulnerabilidad en la que nos encontramos desde hace varias décadas: mermados por enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y obesidad, todas comorbilidades que aumentan la letalidad del virus y que hasta la fecha han incidido en los decesos en 42, 37 y 25 por ciento, respectivamente.
Las principales causas de muerte en México son padecimientos cardiacos y diabetes, el coronavirus reiteró el peligro en que se encuentra la mayoría de la población y que se ha consolidado en buena medida por las políticas (o falta de ellas) gubernamentales. Qué hacer, pues, una vez que termine la emergencia sanitaria para modificar las circunstancias y mejorar la salud de la ciudadanía.
Al respecto ya se manifestó Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente nacional de Morena, quien revivió la iniciativa de aumentar un peso de impuesto al tabaco, refrescos y alcohol, primero, para incrementar la recaudación que sería dirigida a fortalecer el sistema de salud y, segundo, para inhibir el consumo de esos productos entre la población.
Como ya estamos acostumbrados, las autoridades nacionales se empecinan en atacar los efectos y no en reducir o eliminar las causas de problemas en el país. El incremento en el costo de alimentos con alto contenido calórico, medida ya antes aplicada, solo llena las arcas gubernamentales y sabemos por experiencia que los sistemas de salud no son prioritarios a la hora de repartir los recursos, por eso estamos como estamos por la pandemia. Además, la gente no deja de comprar licor, cigarros ni refresco porque sean más caros, solo vacía con mayor rapidez sus bolsillos.
De acuerdo con una publicación de Forbes, que agrego a continuación, el año pasado aumentó el consumo de bebidas azucaradas, incluidos refrescos, aun cuando la administración de Enrique Peña Nieto les aplicó el aumento de un peso para disuadir a los consumidores. Además, señala que según la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (Anprac) 57 por ciento de lo recaudado con ese gravamen salió de las bolsas de las familias más pobres.
Semanas antes de que la epidemia reclamara toda la atención, grandes corporaciones lograron demorar la nueva norma de etiquetación que las obligaba a colocar detalles nutrimentales en sus productos hiperprocesados. Una iniciativa necesaria y que podría tener efectos palpables se enfrentó a la realidad nacional en la que el poderío corporativo puede acomodar las reglas a conveniencia.
Por otra parte, ninguna de las reformas educativas ha sido exitosa en fortalecer programas de actividad física y deporte en la instrucción básica, o de plano ni siquiera es tema que tomen en cuenta. Incluso, sin empacho reducen horas que bien podrían aprovechar preparadores físicos con formación de calidad que los respalde, los cuales también padecen salarios miserables y ninguneo profesional pues muchas veces ni siquiera los consideran docentes de importancia para los estudiantes.
La formación deportiva profesional y de competición, que podría impulsar buenos hábitos con el apoyo de figuras reconocidas, está en iguales o peores condiciones, pues el sistema federado funciona como lo hace el aparato gubernamental en general (véase las acusaciones que pesan sobre Ana Guevara, titular de Conade); es decir, respalda a sus consentidos con recursos mientras que los “apestados” pueden buscar la forma de sobrevivir por su cuenta.
Además, los atletas reciben apoyo considerable hasta que salen en la tele sobre un podio y con metales al cuello. Llegan de sus giras y los apapachan gobernantes con abrazos para la foto y loas en Twitter. Mientras tanto, los que empiezan, los que llegan a pedir informes y los que apenas van a sus primeras competencias que se rasquen con sus uñas (los hemos visto hasta botear en trasporte público para comprar boletos de avión o autobús).
Las condiciones de salud en el país no son, por supuesto, responsabilidad única de los gobiernos. Las personas también hemos hecho de la pereza un modo de vida, pero modificar las circunstancias generales será poco menos que imposible si pensamos que cada individuo puede cambiar hábitos solo con voluntad en un mundo lleno de calorías de fácil acceso, horarios esclavizantes y sin una bien construida cultura de actividad física impulsada por políticas públicas bien estructuradas.
Mientras tanto, podemos esperar que la tendencia coronavírica continúe y más mexicanas y mexicanos fallezcan ante el embate del COVID-19 y sus comorbilidades de fuerte raigambre nacional.
La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.