Elementos para el Buen Gobierno Municipal

En este sentido, proponemos impulsar una reforma administrativa que actualice el marco regulatorio; establezca sólidas y funcionales estructuras administrativas; promueva la innovación y modernización financiera; organice un servicio público profesional; desarrolle aptitudes y capacidades para administrar de manera racional, eficiente y ordenada la aplicación de recursos materiales, financieros y presupuestales, que los gobiernos federal y estatal transfieren para el desarrollo municipal; y vigile la ejecución armónica y equilibrada de las obras y acciones que impulsen el desarrollo político, económico, social y cultural de las comunidades y agrupamientos de población, que conforman el Municipio.

Consideramos que es fundamental establecer espacios institucionalizados para la comunicación política, el diálogo, la consulta y el ejercicio de la corresponsabilidad ciudadana en el diseño, implementación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas y de una gestión municipal cada vez más democrática, eficiente y eficaz.

En consecuencia, sugerimos instaurar una política pública donde la participación social y comunitaria sea la vía más expedita para responder a las necesidades de los ciudadanos y dedicar especial atención a la formación de estructuras institucionales, comunitarias y vecinales, que participen en la toma de decisiones del quehacer público e impulsen con iniciativas y propuestas, un amplio proceso de desarrollo integral, con miras a promover y alcanzar niveles de vida dignos, acordes con las necesidades de sus habitantes.

Asimismo, deberán impulsarse prácticas de parlamento abierto que materialicen el significado estratégico de la nueva pluralidad del Ayuntamiento, cuyo espíritu concretará su valor, tomando decisiones como parlamento abierto y ejerciendo prácticas de consenso ciudadanía-gobierno, al asignar a la estructura de operatividad administrativa acciones de Buen Gobierno.

Parlamento abierto y participación social y comunitaria, son expresiones manifiestas de una voluntad de trabajo solidario y comprometido, que reconoce como objetivo democrático, el derecho de participación de todos los ciudadanos; desarrolla la conciencia cívica de los vecinos; refuerza los lazos de solidaridad; hace más comprensible la noción de interés general; establece una identificación entre las necesidades y la solución de los problemas; sanciona el aprovechamiento de los recursos de la comunidad; destierra el paternalismo; y responsabiliza, compromete e interesa a los ciudadanos, en el mantenimiento de las obras construidas por su iniciativa y con su propio esfuerzo, en favor del desarrollo individual y comunitario.

En este escenario, la CEPAL admite que “Hay que promover una administración más eficiente, eficaz y transparente por parte de los gobiernos a todo nivel, mediante el ofrecimiento en línea a los ciudadanos de información, mecanismos de control de gestión, servicios, trámites y contratación estatal de bienes y servicios a través de las redes digitales, como imperativo del Buen Gobierno.”

Estas propuestas deben considerarse al negociar el Acuerdo para una Nueva Gobernanza para materializar el Derecho Humano a un Buen Gobierno, como principio axiológico inalienable en la cultura política de sociedades complejas, donde los fundamentos de representación y probidad de instituciones y estructuras políticas están vinculados a los intereses superiores de la sociedad.

El Derecho Humano al Buen Gobierno se exige porque es imperativo replantear una profunda reestructuración de las conductas políticas. Porque es necesario corregir el déficit de operatividad e inclusión ciudadana en el quehacer público, y porque resulta obligado que los integrantes del Ayuntamiento sustenten su escrutinio en el ejercicio de gobierno, en la concreción de su convicción de trascender a niveles de dignidad humana, y en marcar un precedente en las plataformas políticas que enarbolaron.

En una segunda entrega abordaremos la descentralización de funciones; la estructura de autoridades auxiliares y colaborativas; y la división territorial para la organización político-administrativa de la gestión municipal.

Requerimos perfilar la funcionalidad del Ayuntamiento como cabildo de vanguardia ciudadana, y hacer de la transparencia, la información pública, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción, la planeación democrática, la evaluación y la Alianza para el Gobierno Abierto, efectos de una administración guiada por un gobierno abierto, ciudadano y democrático, como lo requiere cualquier transformación social seria.

Nada volverá a ser igual en la realidad societal. La inclusión ciudadana en la toma de decisiones es una responsabilidad permanente en el desempeño de los nuevos Ayuntamientos. Llegó el momento de repensar la realidad pública, porque la lección infringida por el COVID-19 y la crisis económica, ha marcado un camino inevitable de reestructuración pública, con un espíritu de ciudadanización gubernamental.

Agenda

• El presidente López Obrador expidió un decreto para enfrentar el problema de la crisis económica más grave que ha tenido México en los últimos setenta años, sin embargo, la pobreza de contenido y su redacción, hacen evidente la falta de enfoque y de certeza jurídica que un documento como este debería tener. Baste mencionar que inicia mencionando que la crisis está ocasionada por “&la crisis mundial del modelo neoliberal,&”, mientras todos sabemos que las causas son el COVID-19 y la recesión económica.

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