Una de las principales banderas con las que se ha tratado de conducir esta administración federal es con la llamada “austeridad republicana”. Partiendo de este emblema impulsado por el Ejecutivo, se aprobó por parte de los diputados federales en días pasados (y en sede alterna, cabe resaltar) el paquete económico para el año 2020, mismo que contempla cambios en cuanto a las partidas y erogaciones en comparación con el presupuesto del 2018, ya que al menos en el proyecto de decreto enviado al Legislativo, el gasto neto total previsto en el Presupuesto de Egresos importó la cantidad de $6,096,335,800,000, y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos. Mientras que, en términos del artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para el presente ejercicio fiscal se prevé un déficit presupuestario de $547,140,800,000.
Pues bien, bajo la óptica de beneficio a programas sociales que ha sido pilar fundamental en el andar de esta administración, es un hecho que la intención a priori también lo es quitarle fuerza a los organismos autónomos y a los órganos de poder que generan el tan necesario contrapeso al Presidente. Al menos para el 2020, el organismo autónomo que en apariencia se verá más afectado en cuanto al tema del presupuesto sobre la propuesta original fue la FGR, con mil 500 millones de pesos menos derivado del recorte debatido y acorado por el Legislativo. Y no solo la FGR (duramente criticada por la incapacidad para llevar a cabo investigaciones de calidad) sino también el Poder Judicial, el cual presentó una disminución de poco más de mil 320 millones de pesos respecto a la partida original. No está por demás decir que al Instituto Federal de Telecomunicaciones le quitaron más de 180 millones.
Ahora bien, bajo esta política de bienestar social, llama la atención la incongruencia respecto al apartado de agricultura, el cual presentó una disminución al presupuesto con una diferencia de 28% en comparación con el año anterior, es decir, menos 19,900 millones de pesos que en el 2018. Si la intención es revivir y reforzar la actividad productiva del campo, con esto se da muestra de que no necesariamente será prioridad para el gobierno el año entrante.
Otro punto de incongruencia, insisto, bajo el yugo del bienestar social, es que hay una notoria disminución y hasta cierto punto una pérdida de confianza al programa denominado “Jóvenes construyendo el futuro”, el cual tuvo un recorte de casi 15,600 millones en comparación con lo asignado para el 2019. ¿Rotundo fracaso? Sí.
¿Hacia dónde vamos para el 2020? El mensaje del Ejecutivo es claro, reforzar la inversión de proyectos tales como Dos Bocas, en Veracruz y el tan polémico aeropuerto de Santa Lucía, del que, por cierto, esta semana se pronunció el Grupo Aeropuertos de París Ingeniería en cuanto a la imposibilidad de que las pistas 1 y 3 operen simultáneamente, conforme al plan maestro presentado por López Obrador.