Creada en la administración de Francisco Olvera Ruiz, la Fiscalía encargada de proteger la labor de los periodistas en el estado continúa acéfala y no hay indicios de que esa vacante sea cubierta.
Lejos de la polémica que generaría plantear nombres de aspirantes, ese cargo debe ser para alguien con años de experiencia en el ejercicio periodístico, con trabajo inmerso en un profundo sentido social, de servicio a la sociedad.
Experiencia y sentido social, se dice fácil pero también esas palabras generan una ambigüedad que si no es aclarada con exactitud y rigor, con criterios concretos que sean capaces de medir la valía de los propuestos, es muy probable que la elección se convierta en una simulación.
Como principal requisito, el próximo fiscal debió ser un periodista de tiempo completo, de lo contrario no tendrá noción de lo que intentará proteger.
La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) deberá designar un perfil que reúna estas características y a la vez, este futuro fiscal, contemplar a todos los trabajadores de los medios de comunicación en el estado, lo cual, ya de por sí se antoja un tanto caótico por la naturaleza del gremio, donde los puntos de vista abundan y de muy distinta índole.
Un fiscal eficiente, con la disponibilidad de viajar a la Huasteca para escuchar a los periodistas retenidos por campesinos en comunidades alejadas o trasladarse de urgencia a Tula con tal de cotejar de primera mano la experiencia de reportear desde la violencia del llamado “huachicol”. Así lo exige la realidad que vive el estado.
Hidalgo no escapa de las agresiones contra los reporteros, luego que el año pasado Francisco Reyes, director del semanario Rumbos, corresponsal de la agencia Punto por Punto y Azteca Hidalgo, denunció una agresión de parte de un simpatizante de Morena al concluir un debate entre candidatos al Senado celebrado en Tula.
Además, el fotógrafo del periódico Criterio Hidalgo, Juan Martínez, fue agredido en diciembre pasado por vendedores de pirotecnia, en las inmediaciones del mercado Primero de Mayo, en la capital del estado.
Por lo regular, las agresiones contra periodistas en Hidalgo son cometidas por policías, como el caso de la reportera del periódico Zunoticia, Rosa Ocejo Ángeles, quien señaló que uniformados de San Felipe Orizatlán le impidieron llevar a cabo su labor durante una protesta de Antorcha Campesina, en marzo de 2018.
También son comunes las agresiones contra reporteros que cumplen con coberturas de campañas proselitistas, como sucedió en 2012 cuando la entonces corresponsal del diario nacional Reforma fue detenida en galeras por tomar fotografías a brigadistas de la candidata a diputada federal Mirna Hernández.
A meses de que inicie el proceso para renovar las 84 presidencias municipales, existe tiempo para nombrar un fiscal que conozca de estos casos y contribuya para que no vuelvan a suceder.
El presupuesto de la fiscalía encargada de proteger a los reporteros y activistas en el estado tuvo una reducción de 472 mil pesos, luego que para el actual año ejercerá un millón 106 mil pesos. El panorama no pinta bien.