Disminuir gastos y adelgazar nóminas de las dependencias gubernamentales parece no tener eco en el Poder Judicial, luego que ayer fueron publicadas las pensiones por jubilación de dos magistrados: Prisciliano Diego Gutiérrez Hernández y Octaviano Chávez Bustos, con lo que suma más de 2 millones de pesos al año con otros nueve exintegrantes del tribunal.
Mientras que la mayoría de trabajadores sufren para obtener este derecho, otros ganan con cierta facilidad las jubilaciones acompañadas de otros incentivos.
Tal es el caso de Valentín Echavarría Almanza, quien también obtuvo una notaría al finalizar la pasada administración estatal o Lucas González López, quien pasó de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia a ocupar la oficina jurídica del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
De acuerdo con la edición de ayer del Periódico Oficial de Hidalgo, en sesión extraordinaria del pleno del Tribunal de Justicia Administrativa el 13 de julio de 2018, se aprobó por unanimidad la jubilación de Prisciliano Diego Gutiérrez Hernández y Octaviano Chávez Bustos.
Según la publicación, los magistrados del Poder Judicial podrán obtener su jubilación al contabilizar 60 años con la suma de su edad y los años en el servicio público.
Aunque en años pasados un debate nacional puso en duda la viabilidad de financiar estas jubilaciones y pensiones con el erario público, en Hidalgo mensualmente se gastan 246 mil 749 pesos, que da un total de 2 millones 960 mil 988 pesos en un año para siete exmagistrados y una exjueza.
LAS JUBILACIONES
El ex magistrado con el monto más alto por jubilación es Lucas González López con 45 mil 328 pesos mensuales. En tanto, Valentín Echavarría Almanza percibe 38 mil 821 pesos en dicho lapso de tiempo.
Los exmagistrados Andrés García Montaño, Alfredo Olguín Hernández y Arturo Reyes Monterrubio obtienen mensualmente cada uno 29 mil 400 pesos. Mientras que Silvia Vergara Llano y Tufic Habib Karam perciben 26 mil 600 pesos.
Además, la jueza Brígida Pérez Perusquía cobra una pensión mensual de 21 mil 200 pesos, de acuerdo con el portal de transparencia del Tribunal de Justicia.
El Poder Judicial tiene que garantizar el uso adecuado de sus recursos y cuidar su patrimonio, sobre todo cuando recientemente publicó una licitación para vender cuatro vehículos que forman su flotilla por un monto total de 74 mil pesos.
La austeridad debe llegar a todas las áreas gubernamentales luego que durante el actual ejercicio se etiquetaron 184 millones de pesos para pagar pensiones y jubilaciones. Garantizar que ese recurso sea para los trabajadores que realmente se lo ganaron.