Desde los tiempos de Raúl Arroyo González, Alejandro Habib Nicolás y actualmente Manuel Alberto Cruz Martínez, la presidencia del Tribunal Electoral de Hidalgo ha sido una especie de estadía veraniega para los integrantes de ese cuerpo colegiado, interrumpida por ocasionales conflictos poselectorales.
Por eso llama la atención la férrea oposición de los aún legisladores locales afines al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de disminuir de cinco a tres el número de magistrados al argumentar que afectará la impartición de resoluciones apegadas a derecho.
Aunque el trasfondo puede ser otro: el próximo Senado de la República, cuyos integrantes eligen a los magistrados electorales de las entidades federativas, estará dominado por Morena, por lo que lo aprobado por el Congreso pone un candado para que el partido de Andrés Manuel López Obrador coloque gente de su confianza en vísperas de la elección de presidentes municipales 2020.
Porque la actual conformación del pleno del Tribunal Electoral no escapa a esa dinámica de cuotas políticas, más allá de las entrevistas que aplica la Cámara Alta. En el pasado proceso de selección, cuando por primera vez se dio la facultad al Senado para nombrar magistrados, el senador perredista Isidro Pedraza Chávez obtuvo dos posiciones.
Para nadie es un secreto que los actuales magistrados Jesús Raciel García Ramírez y Mónica Patricia Mixteca Trejo fueron parte del equipo de asesores del exdiputado del sol azteca Celestino Ábrego Escalante, durante su paso por el Congreso de Hidalgo.
En tanto, Ábrego Escalante tiene toda la confianza de Pedraza Chávez que ahora lo colocó en la Unidad de la Fuerza Indígena Campesina (UFIC) para mantener una cierta vigencia.
Incluso, desde que tomó posesión del cargo, Jesús García Ramírez se apresuró a marcar distancia del senador perredista al señalar que sus sentencias no estarían influidas por el proyecto político para el que trabajó anteriormente.
Espacios en el servicio público son poder en la política local. En 2016, García Ramírez resolvió un juicio que interpuso Movimiento Ciudadano, el cual disolvió la coalición PAN-PRD en 50 candidaturas de presidentes municipales mientras que Mixteca Trejo anuló la elección de alcalde en Omitlán que había ganado el Verde Ecologista y que después, en comicios extraordinarios, obtuvo el PRI.
Y aunque los magistrados argumentaron que sus sentencias fueron avaladas por tribunales federales, el señalamiento ahí queda.
Eliminar dos espacios del pleno del tribunal electoral significará un ahorro de 1.2 millones de pesos en esa institución que compró durante 2016 tres vehículos por un millón de pesos, según la Auditoría Superior de Hidalgo (ASEH).
Lejos de los argumentos de legalidad o racionalidad del gasto, el debate de Morena va encaminado a poner las bases para una alternancia y la actual Legislatura le puso freno, pero los perjudicados son los de siempre: los ciudadanos.
O quién sufrió los conflictos electorales derivado de las sentencias del tribunal en Huazalingo y en Mineral de la Reforma, donde en este último municipio el exalcalde que obtuvo el triunfo con el voto de los magistrados terminó en la cárcel por desvíos en el erario público.