Con el paso de los años, la tortura se convirtió en una práctica común de las corporaciones policiacas en Hidalgo para obtener confesiones de los detenidos acusados de delitos.
El submarino: un trapo húmedo en la cara mientras un agente vierte agua de manera constante y otro se sienta en el pecho del detenido, además de descargas eléctricas en los genitales y amenazas de violar a los familiares fueron algunas de las técnicas que la Comisión de Derechos Humanos (CDHEH) empezó a documentar.
Las recomendaciones de tortura iniciaron hace dos administraciones estatales, a la par de una serie de detenciones encabezadas por la entonces Secretaría de Seguridad contra integrantes del crimen.
Y fue Raúl Arroyo González, cuando fue presidente de la CDHEH, quien empezó la publicación de estos casos, ya que en la gestión de su antecesor, Alejandro Straffón Ortiz, fueron nulos los expedientes documentados por el organismo autónomo.
De ganar el proceso de elección en el Congreso local y convertirse en procurador, Arroyo González tendrá a su cargo a los agentes que en el pasado señaló de tortura, ya que la agencia de investigación, antes en la Secretaría de Seguridad, pasó a la procuraduría estatal.
Los dos anteriores secretarios de Seguridad Pública rechazaron las recomendaciones de tortura que solicitaban castigar a los agentes responsables, además de reparar el daño físico y psicológico, pero no hubo sancionados.
Una vez concretado el cambio administrativo, el procurador general Ramiro Lara Salinas siguió la misma tendencia evasiva con los nuevos integrantes de esa dependencia estatal.
En plena época del nuevo sistema de justicia penal resulta paradójico que derechos humanos documente de una manera cada vez más constante esta práctica y no haya consecuencias, ni una sanción o llamada de atención.
Sin señalar si los detenidos son culpables o no, el hecho documentado por un organismo oficial de provocar daños físicos para obtener confesiones es reprobable con la agravante de que es una autoridad estatal la responsable.
El próximo procurador tiene que rescatar del archivo las recomendaciones de la CDHEH y aplicarlas, castigar a los responsables de torturar a los acusados y modernizar el trabajo de los agentes de investigación, anclados en prácticas del siglo pasado.
¿Por qué antes de Arroyo González la CDHEH no publicaba recomendaciones de tortura contra agentes de investigación? Responder que no se cometía se antoja inverosímil y por el contrario es de suponer que existiera una mayor percepción de impunidad y miedo a denunciar.
En una sociedad en desarrollo como la hidalguense, con instituciones que poco a poco se abren a la transparencia, con ciertos claros oscuros, es deseable que la autoridad dé prioridad al castigo de la tortura y fomente la cultura de la denuncia de esta práctica.