Representantes de organizaciones sociales y ambientalistas acusaron a autoridades municipales y de conservación de sitios y monumentos históricos de carecer de voluntad y sensibilidad social para frenar obras que atentan contra cientos de miles de personas, como en el caso de la gasolinera que se construye en las cercanías de San Gabriel de Barrera.
Así lo consideró el dirigente del Consejo Ecologista Guanajuatense (CEG), Enrique Avilés quien señaló que ni las autoridades municipales, ni el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y otros hicieron algo concreto para frenar esta obra.
“Todos ellos lo primero que hicieron fue justificarse al decir que los permisos y autorizaciones fueron otorgados por autoridades federales y así fueron arrasados 45 árboles, además de los animales que habitaban la zona”, dijo.
Señaló que hasta ahora todas y cada una de las autoridades que intervinieron para dar las autorizaciones, no han dado a conocer las afectaciones y la forma de proteger el cauce del Río Guanajuato, el cual se ubica justo unos metros a un costado de la nueva gasolinera.
“Es claro que no hicieron nada y que tampoco intentaron frenarla, pero tampoco se ha dicho cómo se va a proteger el cauce del Río Guanajuato, ya que la contaminación por productos derivados del petroleo puede afectarlo”, afirmó.
Por el momento, la obra siguen adelante y no se nota en el lugar presencia de alguna autoridad para garantizar que con los trabajos no se afecte el entorno de la zona, especialmente el ecosistema creado a lo largo de la ribera del afluente.
El activista lamentó la actitud asumida por autoridades de los tres niveles de gobierno, que una vez más cedieron a las presiones de un grupo de inversionistas.
“Con su decisión las autoridades afectan a todos los habitantes de la ciudad porque les demuestran que sus necesidades, su bienestar para ellos no es prioridad y si en cambio proteger los intereses de ciertos grupos”, aseguró.
Consideró que las instituciones que han sido omisas, pero sobre todo insensibles son lo mismo instancias municipales, como la Dirección de Desarrollo Urbano, como las estatales de protección al ambiente y la federal, concretamente el INAH.