Desacuerdos en compras
Mire nada más, desde enero se autorizaron 17.5 millones de pesos para renovar la flotilla de vehículos de Servicios Municipales, pero apenas el 11 de agosto, el Comité de Adjudicación logró resolver la compra. Vaya lentitud.
Durante casi ocho meses, los integrantes del Comité de Adjudicación no se pusieron de acuerdo para mejorar el servicio de recolección de basura, un tema importante para la ciudad.
En fin, como apenas se acordó la compra de las unidades recolectoras, por lo menos habrá que esperar otro mes para que lleguen los primeros vehículos. No lo dude, seguro todo el proceso se llevará un año.
La adjudicación de la compra de camiones de Limpia al igual que de algunas patrullas, se hizo en una reunión privada coordinada por el oficial mayor, Ramiro Flores Boullosa.
Supuestamente se haría en secreto, pero como en la Presidencia Municipal muchos apuestan por la transparencia, esta reunión presidida por el alcalde capitalino, Édgar Castro Cerrillo, fue conocida públicamente.
La junta se tenía programada para iniciar a las 6 de la tarde, en el asoleadero de la finca marcada con el número 20 de la calle Alonso, pero, alguien olvidó convocarlos a todos entre ellos Manuel Ludovico Mata Vega, titular de Servicios Municipales, dizque el principal interesado en la compra de los camiones. Total, la junta comenzó tarde y terminó igual.
Los primeros que llegaron fueron los integrantes del Ayuntamiento como la maestra Ana Gabriela Cárdenas Vázquez, por la fracción del PRI; así como el protector de las comunidades rurales el regidor panista Luis Guillermo Torres Saucedo. Entre los puntuales también estuvo el tesorero Juan García Salinas, entre otros integrantes del Comité.
En cambio llegaron corriendo los representantes de las áreas a beneficiar, entre ellos Gabriel Yáñez Saldaña, en representación de Seguridad Ciudadana; mientras que el titular de Servicios Municipales apareció casi hora y media después, eso sí, corre y corre, diciendo “es que no me avisaron”.
Para colmo de males y con el pretexto de que estaba muy cansado al concluir la reunión Flores Boullosa dio información imprecisa y errónea, así que a la fecha nadie sabe con exactitud cuántos camiones de Limpia se compraron. Se dice que este funcionario sólo pudo memorizar alrededor de 18, y los nombres de las empresas, al menos para la compra de patrullas, dicen las dijo mal. ¿Será?
Entre las empresas ganonas con la compra de vehículos fueron Automotores de León, Vehículos de Guanajuato, Rangel de Alba y Remolques y Plataformas de Toluca. Las unidades van desde camionetas de 1.5 toneladas, 3.5 toneladas, pick ups, hasta camiones compactadores.
Mientras que para la compra de unidades para la Dirección de Seguridad Ciudadana, se dice que sumaron nueve, con un monto de aproximadamente 3 millones de pesos.
Pues todo son suposiciones o aproximaciones porque a la fecha no hay información oficial que precise cantidades, características de las unidades, ni empresas.
Empresarios y el Impuesto a la Nómina
El líder de los vivienderos en Guanajuato, Ismael Plascencia Núñez, no quita el dedo del renglón en su propuesta de empujar desde el empresario un incremento al Impuesto Sobre la Nómina y Cedulares.
Hoy es un 2% que el Gobierno del Estado cobra desde hace una década a los empresarios.
El Presidente de los promotores de Vivivenda (Canadevi), desde su toma de protesta puso sobre la mesa la propuesta de que el empresariado pudiera aportar un 0.2% adicional y etiquetar ese recurso directamente a atender zonas de marginación.
De entrada la iniciativa no tuvo eco en el sector empresarial ni el Gobierno del Estado. El gobernador Miguel Márquez y el secretario de Finanzas, Nacho Martín, desde hace rato que comprometieron que en lo que resta de la Administración Estatal -que concluye en septiembre 2018- , está descartado todo incremento a impuestos estatales y mucho menos la creación de nuevos.
El tema lo retomó Ismael el pasado miércoles en la reunión del Consejo Coordinador Empresarial bajo la opción de que la sobretasa no sea un impuesto que administre el Estado sino crear un fideicomiso administrado por el sector empresarial con el objetivo de destinarlo a programas sociales.
Todavía sus compañeros del CCEL no le dieron el sí, pero de entrada ya no encontró un rechazo. Además de la preocupación de algunos por la pobreza, a los empresarios les inquieta que eso contribuya al crecimiento electoral de Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador en el 2018.
El que dijo con toda claridad que no está el horno para bollos con más carga fiscal para los micros y pequeños empresarios fue el dirigente de la Cámara Nacional de Comercio, Víctor Román Flores.
Sobre aumentar la aportación económica del sector empresarial el presidente de los empresarios, Gustavo Guraieb, propuso revisar con más detalle el tema para presentar alternativas.
En lo que todos estuvieron de acuerdo es en exigir al Gobierno del Estado que se recupere la participación del sector empresarial en el Consejo que supuestamente vigila el uso de este impuesto.
Y es que el espíritu de ese impuesto, desde su creación en el gobierno del panista Juan Carlos Romero Hicks, era financiar los proyectos de infraestructura para el desarrollo económico, pero la recaudación va hoy a una bolsa general y el Estado lo usa para proyectos de chile, mole y pozole.
Hablando de números, en 2015 de Impuesto Sobre la Nómina el Gobierno de Guanajuato recaudó 2 mil 340 millones de pesos. Para este año la estimación es alcanzar los 2 mil 552 millones de pesos.
El incremento del 0.2% que se plantea significaría una aportación adicional sobre los 255 millones.
Además de los arriba mencionados en la reunión del CCEL el miércoles estuvieron: Luz Graciela Rodríguez, de AMMJE; Manuel Muñoz, Apimex; René Solano, Canacintra; Javier Plascencia, CICEG; Pedro Camarena, Cicur; Guillermo Ramos, CMIC; Antonio Romo, del Centro de Estudios de Infraestrutura; Mario Medrano, tesorero; y José Castro, director general del Consejo.
Por lo pronto, en algo que casi no se ve, el CCEL unirá fuerzas con la Concamin Bajío que comanda Ricardo Alaniz, para sentarse el 22 de agosto con el secretario de Obra Pública, Arturo Durán, y con el presidente de la Comisión de Obra Pública del Congreso, el diputado panista Jesús Oviedo.
Ahí pedirán que se respete el destino del impuesto para proyectos de infraestructura y que se reactiva el Consejo que vigila su uso con la participación de representantes de los dos organismos empresariales.
Pero no será el único tema sobre la mesa, otra propuesta respaldada por la Cámara de la Construcción que encabeza Memo Ramos, y la Cámara de la Consultoría con Adolfo Lira, es la de etiquetar un 5 por ciento del presupuesto de obra pública del Estado para la elaboración de estudios y proyectos. La preocupación es que las obras prioritarias se pospongan y encarezcan porque no están proyectos listos.
El Secretario de Obra expondrá el avance de los proyectos 2016 y los empresarios pedirán avances sobre proyectos estratégicos para Guanajuato como son: Eje Metropolitano León-Silao, Ferroférico Celaya, conexión de la autopista León-Salamanca a la zona urbana de León, la autopista Silao-San Miguel que sigue atorada, la ampliación Silao-San Felipe, rellenos sanitarios en varios municipios.