El 12 de enero se definirá qué despacho jurídico auditará a la Caja Progresa, requisito para que más de mil presuntos defraudados por la institución bancaria puedan recibir el Fideicomiso Pago (Fipago) del gobierno estatal y federal.
Maricarmen Soria, representante de los afectados, informó que el próximo 12 se reunirá en la Ciudad de México con Alberto García, Coordinador de Asesores de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y con Guillermo Barnez, director de Fipago a nivel federal, para definir el procedimiento.
“Ahí vamos a definir el despacho y el inicio de la auditoría fue un compromiso que hicimos la semana pasada”, comentó Soria, quien desde 2010 tomó el caso de los casi mil 200 afectados.
Soria culpa a la mesa directiva de la Caja, dirigida por Lidia Arvizu, por la pérdida de más de 300 millones de pesos, lo que habría causado “un duro golpe para la economía de los dolorenses”.
Desde de mediados de 2013, Soria convocó a los socios para interponer denuncias penales contra la mesa directiva de la Caja, de las que hasta el momento la PGJ estatal y la PGR, han recibido cerca de 800 querellas.
Con el Fipago, los socios que tengan ahorros por menos de 300 mil pesos podrán recibir de recursos públicos, indemnizaciones por hasta 250 mil pesos.
Los requisitos para entrar al programa son interponer las denuncias penales, auditar a la Caja y finalmente disolverla.