A tres meses de inactividad, la mesa directiva de la Caja Progresa reanudó operaciones, luego de que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) clausurara sus instalaciones por cerca de 800 denuncias penales por fraude.
Desde ayer pegaron cartulinas fluorescentes en la puerta de sus antiguas instalaciones en la calle Guanajuato, frente a la escuela Centenario, donde también permanece un oficio de la PGJE, pegado a finales de agosto cuando la Caja fue incautada.
Ahora la mesa directiva, a cargo de Lidia Arvizu, renta una oficina mucho más modesta en la calle Distrito Federal, esquina con Guerrero (a pocos pasos de las antiguas oficinas), donde sólo hay una oficina con escritorio.
Para llegar al lugar hay que subir una escalera de 30 peldaños. Arriba hay un recibidor completamente vacío, desde donde se observa el interior de la oficina, donde amontonados, trabajan Lidia Arvizu y su equipo de trabajo.
Sólo tienen cuatro sillas plegables por lo que algunos trabajadores deben sentarse en cajones vacíos. Sólo tienen una lap top en el escritorio, junto a una pila de hojas y una caja de plumas, que parecen ser sus únicas herramientas de trabajo.
“Ahorita tenemos mucho trabajo, venga más tarde”, fue la única declaración que se obtuvo de la contadora Lidia Arvizu, quien hasta el momento no ha explicado cómo trabajarán en las nuevas instalaciones y qué servicios prestarán a los socios.