Las nuevas denuncias de socios presuntamente defraudados por la mesa directiva de la Caja Progresa en el Ministerio Público de Dolores Hidalgo son remitidas a la Procuraduría General de la República (PGR) en Guanajuato, con lo que la instancia federal tomará las riendas del caso.
Aunque no se ha anunciado formalmente, desde hace más de una semana las nuevas denuncias que se suman a las más de 750 que se interpusieron ante la PGJ están siendo redirigidas.
Así lo señaló Maricarmen Soria, representante de algunos socios que fueran defraudados por la mesa directiva a cargo de Lidia Arvizu en 2010 y perdieran cerca de 300 millones de pesos.
Ahora los defraudados emprenden un largo proceso para conseguir el Fideicomiso Pago (Fipago) para que el gobierno federal y estatal destinen recursos públicos para cubrir la deuda de la Caja.
Uno de los requisitos para obtener el Fipago es que los defraudados interpongan denuncias penales contra la Caja, y la disolución de la misma tras una audiencia del gobierno estatal, que hasta el momento no se ha efectuado.
Los socios han señalado que pese a que ya se interpusieron más de 750 denuncias, la Procuraduría no ha llamado a testificar a los directivos de la Caja.