Cerca de 1 mil 200 cerdos morirán cada semana en la granja DP a causa de una orden del Poder Judicial para no dar guías de traslado para el criadero, estimó Violeta Castro, apoderada legal de la empresa.
La granja DP fue embargada el mes pasado luego que los propietarios perdieran una disputa legal y denunciaran corrupción en el Poder Judicial, sin que hasta el momento se haya definido la situación legal.
“No hay dónde ponerlos, la juez Mónica Ballesteros (que emitió un documento a la asociación ganadera local para no permitir los traslados a DP), no está viendo el daño económico que va a causar”.
El 10 de julio, la granja pidió a la asociación ganadera la expedición de 6 guías de tránsito y certificados zoosanitarios de movilización para sacar 230 cercos en cada viaje, lo que costaría 15 mil 750 pesos.
Sin embargo, le fueron negadas. En un documento emitido por la asociación ganadera de porcicultores, que preside Luis Manuel Moncada Sánchez, se informó a DP que “me veo imposibilitado a expedírselas basándome en el documento que me envió el Poder Judicial”.
La granja había pagado 12 guías de traslado por adelantado, las que quedarán pendientes en tanto se regulariza la situación legal del predio.