La temporada invernal ha comenzado y esto representará un desafío para los sistemas de salud nacionales, puesto que existe la posibilidad de repunte de la enfermedad por COVID-19, la cual se suma a otras condiciones propias de este fin de año e inicio del próximo, como son las enfermedades de origen respiratorio asociadas a otros microorganismos.
Pues bien, es momento (ojalá que ahora así lo sea) que la recopilación de datos y su análisis llevado a cabo en los últimos casi ya dos años, nos permita afrontar este reto epidemiológico de mejor manera y disponer de recursos, capacidades, así como apoyo técnico y financiero adecuados para reforzar los esfuerzos de vigilancia y respuesta sanitaria a nivel nacional. La óptica es distinta y se deben redoblar los ánimos en el afán de establecer mecanismos generalizados de atención sanitaria, en la cual las actividades, tecnología, tratamientos e insumos estén orientados para un control a largo plazo de esta contingencia epidemiológica.
Las medidas de salud pública (aquellas orientadas a la población general o las más individualizadas) habrán de revisarse y reorientarse a este nuevo contexto epidemiológico que incluye las nuevas variantes, los procesos de inmunidad natural y la inmunidad derivada de la vacunación, para que su impacto permita ese anhelado “control” que posibilite el atender de mejor manera otros aspectos como son los económicos y sociales.
El enfoque basado en riesgos es el que debe apremiar, así como sostenerse en la mejor evidencia disponible y no solamente sujetarse a las ocurrencias (a veces verdaderos disparates) de algunos personajes que ocupan o se ostentan como figuras de liderazgo público o autoridades. Es imprescindible reevaluar los objetivos generales de atención sanitaria y tomar en consideración los resultados que se hayan obtenido a la fecha (prestando especial atención a aquellos resultados pobres o incorrectos), atendiendo también las necesidades y expectativas de las poblaciones, las capacidades de los servicios que se proporcionan, la complejidad de los procesos que se están llevando a cabo y reevaluar la competencia de las organizaciones y de sus integrantes, en el afán de establecer un plan de atención a corto, mediano y largo plazo en la prestación de servicios de calidad, en el sistema de salud nacional.
Para instaurar (o mantener si corresponde) un sistema de atención eficiente, se deberán redoblar esfuerzos para sostener a los servicios sanitarios con suficiente financiación, suministros de toda índole, así como recursos humanos (que cabe resaltar que en el caso del personal sanitario hubo sí muchas loas y agradecimientos, pero no mejora real de las condiciones laborales o reflejo efectivo en sueldo o prestaciones económicas) para poder seguir haciendo frente a las repercusiones actuales de la pandemia, sin dejar de atender otras enfermedades concomitantes e incluso otras emergencias.
Los esfuerzos para vacunar (y educar para lograr una mayor cobertura) deben fortalecerse, pues es lo que permite proteger de mejor manera a poblaciones vulnerables y aparición o propagación de variantes y de igual manera los mensajes a la población con respecto a distanciamiento social, deberán ser orientados a la evaluación, mitigación y comunicación de riesgos (de nuevo, no solamente por ocurrencias o “sensaciones” de autoridades) y que existen factores que aumentan o hacen más tolerable el riesgo cuando se trata de concentraciones sociales, que va en función del contexto epidemiológico particular de las regiones, por lo que el rastreo de contactos, realización de pruebas y establecimiento de la fuerza de transmisión debe seguir siendo un ejercicio activo.
El reto ahora no es solamente salir avantes frente al COVID-19, sino realmente realizar esfuerzos para proporcionar respuestas integrales de salud pública en nuestro país. Autoridades, van tarde.