La lucha contra la corrupción en el Gobierno es de mentiritas. Tanto en la promesa incumplida de Acción Nacional en la alternancia de 2000, como en el juramento de Morena de cambiar a México, vemos más cuentos que cuentas. Manuel Bartlett no declara bienes por 800 millones puestos a nombre de su pareja; en las compras federales se asignan el 80% de los contratos en directo; las denuncias se hacen públicas en cientos de compras a empresas fantasma y no hay respuesta. En el fondo no hay voluntad política para cambiar.
Por eso sorprende el caso del nuevo gobernador de Nuevo León, Samuel García. A 43 días de iniciado su sexenio atiende de inmediato dos denuncias importantes. El periódico El Norte de Monterrey denunció al titular de Metrorrey, Humberto Ramos Hinojosa y a su director de Nuevos Proyectos, Enrique Javier Lozano Lee, quienes buscaban mediante una empresa propia un contrato multimillonario.
El joven político contestó de inmediato; suspendió a los funcionarios y dijo que “todo lo que huele a corrupción se va”. Una determinación que ningún gobernante toma en serio. Pocos días antes había separado de su cargo a Carlos García Salazar, quien trabajaba como coordinador de Procesos y Calidad en el organismo de agua y drenaje, AyD, por triangulación a su empresa por 37 millones de pesos.
En todos los estados hay una fuente de corrupción interminable en contratos, compras y obras. Inmensas fortunas se forjaron en los sexenios anteriores sin que hubiera un combate a la impunidad. Jaime Rodríguez, “El Bronco”, llegó como gobernador independiente con la promesa de terminar la corrupción y meter a la cárcel a su antecesor, Rodrigo Medina. No lo hizo. Ahora los neoleoneses advierten que poco cambió. El llamado “Bronco” proponía cortarle las manos a los rateros. Pura retórica.
Si Samuel García, quien ganó por Movimiento Ciudadano, comprende lo mucho que transformaría a su estado eliminando la impunidad, podría convertirse en el candidato natural a la presidencia en 2030, o antes. Sería un cambio cultural, social y político de dimensiones desconocidas en el México moderno.
Justo cuando llega al poder, recibe la denuncia de cobro de moches multimillonarios a los casinos de la entidad. Algo difícil de probar pero fácil de evitar si el gobernante es honesto. En Monterrey el periódico El Norte desde hace décadas ha denunciado una y otra vez la corrupción y la impunidad de los gobernantes y nunca pasó algo. Rodrigo Medina estuvo un día en la cárcel, salió y sigue libre a pesar de que él y su papá operaban para desfalcar al estado.
Samuel tiene en sus manos la oportunidad de la vida. No es fácil ir contra todo un modo de operación de la alta burocracia, pero puede lograrlo porque cuenta con una sociedad despierta y educada. Además del apoyo y ayuda de prensa independiente que pone las denuncias en blanco y negro. En broma dicen que debería de darle la contraloría a El Norte.
La única razón para que un gobernante no ataque de frente la corrupción es porque hay altas probabilidades de que él mismo sea parte del engranaje de impunidad. En Guanajuato durante los últimos sexenios hemos visto negocios y empresas de políticos ligados al poder de todos colores y sabores; a diputados que cobran “moches” a cambio de gestionar recursos para municipios y a compadres y operadores de alcaldes y gobernadores que se enriquecen de un día para otro.
Si Samuel pone el ejemplo el país lo notará. Hará evidente la falta de determinación de la federación y los tres niveles de gobierno. Esperemos que no sea rollo de pañuelito blanco.