León, Guanajuato.- Por seis años Laura Elena Díaz Infante González ha pedido justicia a la Fiscalía de Guanajuato, por la muerte de su esposo Jorge González Topete, ocurrida el 19 de noviembre del 2015.
La Fiscalía determinó que se trató de un suicidio, pero tras las pruebas que la viuda obtuvo con una investigación pagada por ella, un juez penal revocó el suicidio como causa de muerte. La Fiscalía no ha reabierto el caso.
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Laura Elena demandó al fiscal general, Carlos Zamarripa Aguirre, por reparación integral y moral, y a dos años de que presentara la demanda este recurso aún no se resuelve.
Cuando puse la demanda a la Fiscalía busqué antes a un funcionario, el Secretario de Gobierno (Luis Ernesto Ayala Torres), le comenté que no tenía acceso a la verdad ni a la justicia y tampoco pudo ayudarme”, explicó Laura.
El fiscal Zamarripa enfrenta una demanda por responsabilidad patrimonial en calidad de daño, que exige la familia del funcionario bancario.
Ésta acusa a la Fiscalía de negarse a reabrir el caso del fallecimiento ante omisiones detectadas y la información de peritos externos consultados por los mismos familiares.
Jorge González Topete era alto funcionario de Banamex y falleció en un hotel en noviembre de 2015, la Fiscalía resolvió que ingirió thíner y luego pesticida y veneno para ratas.
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El cuerpo de Jorge fue cremado, por lo que no hubo una investigación más profunda, como han exigido desde entonces la esposa e hijas del fallecido.
Ejecutivo acusado de fraude
La Fiscalía General de Estado “inventó”, dijo Laura en rueda de prensa, que su esposo murió por suicidio por envenenamieno.
La versión de la Fiscalía es que debido a un fraude millonario Jorge González tomó la decisión de suicidarse tomando veneno para ratas y thíner, dentro de una habitación de hotel.
Yo sabía que eso era una mentira y que no se había suicidado, porque estaba lleno de vida”, cuenta ella.
El 19 de noviembre del 2015 salió de su casa y le dijo “te veo al rato para comer, te quiero gorda”, pero ya no regresó, aseguró Laura.
El banco no reclamó un fraude y tampoco hubo acercamiento con los familiares. Solo se repetía la versión de la Fiscalía que había sido un suicidio derivado de la culpa.
“Cobré el seguro de vida luego de tres años de pelear por él, porque no me lo querían dar por el motivo de envenenamiento, pero gané”, explicó.
Antes de tener el dinero de la póliza de seguro, evidenció trabas en los procesos de solicitud de documentos, fallos en las investigaciones con videos del C4 y un desinterés total por parte de la Fiscalía para resolver lo que, dijo, es una historia de ficción.
Destapa montaje
Laura Elena Díaz Infante cobró la póliza y decidió descubrir el “montaje” que creó la Fiscalía en torno a la muerte de su esposo.
Efectivamente los exámenes periciales que yo pagué y la Fiscalía no quiso recabar, concluyen que Jorge no murió envenenado, nunca llegó la sustancia a su sangre, por lo que se lo pasaron por una sonda ya muerto y antes llenaron sus pulmones con thíner y con eso lo ahogaron”, dijo.
El suicidio como causa de muerte fue revocado por un juez penal tras obtener los resultados y acceso a la carpeta de investigación que en algun momento se perdió, y no fue hasta que la Procuraduría de los Derechos Humanos intervino que apareció de nuevo.
“A petición mía se hizo inspección en el hotel y se demostró que el croquis del sitio era falso, se afirmaba que no había acceso aparte de la puerta pero en el cuarto había una entrada extra”, aseguró.
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En su informe presentado a medios de comunicación, Laura Elena también señaló una toalla con una mano pintada en la que se demostró que había ADN de por lo menos cuatro personas, cuando la Fiscalía aseguró que su esposo estaba solo.
Incluso en los registros de llamadas del celular de Jorge, había una llamada hecha cuando él ya estaba muerto.
“Con todo esto pedí al personal de la Fiscalía que analizara e indagara lo que realmente sucedió, pero la respuesta fue negativa“, explicó la esposa de Jorge.
Laura continúa el proceso de la demanda por intimidaciones a ella y su equipo de abogados, llevará su caso a la Fiscalía General de la República y si no hay justicia a la corte Interamericana.
No solamente sufrimos la pérdida de mi esposo y padre de mis hijas, también sufrimos la conducta dolosa de no querer investigar lo que realmente sucedió, esto nos obstaculiza nuestro derecho a la verdad, en este estado donde nací no tenemos acceso a la Justicia”, finalizó.
MTOP