Las comunicaciones que el jefe regional de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, “El Gil”, sostuvo con un comandante de la policía de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 interceptadas tal vez de manera ilegal por la Secretaría de la Defensa y dadas a conocer hace unos días por instrucciones del presidente de la República, llevaron inesperadamente el caso Iguala de vuelta al principio.
En abril de ese año, cinco meses antes de que 43 normalistas desaparecieran en Iguala, la fiscalía de Guerrero investigaba la muerte del luchador social Arturo Hernández Cardona, así como el secuestro de Adolfo Salgado Salgado, quien cobraba “derecho de piso” a comerciantes y ejidatarios.
La investigación halló un momento estelar cuando uno de los involucrados en el secuestro de Salgado Salgado Ernesto Pineda Vega reveló a la fiscalía que el alcalde de Iguala y su jefe de policía formaban parte de Guerreros Unidos.
Pineda entregó parte del organigrama del grupo criminal de la que formaban parte el alcalde José Luis Abarca y el jefe policiaco Felipe Flores. Detalló cómo el grupo criminal secuestraba, desaparecía y mataba, y reveló su forma de operar: “la Policía Municipal levanta a las víctimas y ellos las entregan a los Guerreros Unidos”.
A unos días de la desaparición de los 43 estudiantes, la fiscalía de Guerrero, a cargo entonces de Iñaky Blanco, detuvo a los primeros involucrados. Según un informe elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, las declaraciones se obtuvieron de manera absolutamente limpia.
En esas declaraciones, uno de los detenidos, Marco Antonio Ríos Berber, reveló que un sujeto apodado “El Choky” le dio la orden de ejecutar a 10 normalistas y relató que más tarde se había enterado de que otros 20 alumnos fueron trasladados a la comandancia municipal, por instrucciones del jefe de Los Bélicos el grupo de reacción inmediata de Iguala: Francisco Salgado Valladares.
Esto encajó con la declaración de otro miembro de la organización, Honorio Antúnez Osorio.
La CNDH afirma que cuando los alumnos se hallaban en la comandancia hubo un cambio de orden: entregarlos a los sicarios a fin de que los desaparecieran.
La CNDH determinó que en uno de los autobuses en los que los alumnos llegaron a Iguala (el 1568) viajaban entre 23 y 28 personas; en otro (el 1531) iban entre 15 y 20 normalistas más.
En las comunicaciones dadas a conocer por órdenes del presidente, “El Gil” pide al comandante de la policía Salgado Valladares que le entregue a los alumnos en el camino a Pueblo Viejo.
Todo parece volver al punto en que la Fiscalía de Guerrero dejó la investigación, y antes de que esta fuera atraída y viciada, tanto por la Procuraduría General de la República como por los grupos de interés que se apoderaron y han lucrado con el caso.
Las comunicaciones dadas a conocer por Gobernación echan por tierra algunas de las mentiras más importantes de cuantas se tejieron alrededor del caso con muchas de las cuales el mismo Gil, liberado en 2019 y convertido en “testigo estrella”, enredó y durmió al inexperto fiscal, exsecretario técnico del GIEI, Omar Gómez Trejo.
Al mismo tiempo, ponen al Ejército en un grave predicamento, porque prueban que ocultó información: que dejó que el caso se enturbiara y siguiera creciendo el enredo político; y porque se rehusó a dar parte de lo que sabía a las autoridades investigadoras. Si existen intervenciones previas, el asunto se pone peor para los militares.
Estas comunicaciones ponen también en un serio aprieto al subsecretario Alejandro Encinas: ¿seguirá manteniendo en un barrio de lujo al “testigo colaborador” que, está perfectamente probado, después de ordenar y tomar parte en la desaparición de los alumnos, se dedicó a soltar una mentira tras otra o acaso a repetir lo que alguien más quería que “revelara”?