Bastó una sola decisión política del presidente de la República para que cayeran siete años de patrañas y se desnudaran algunas de las contradicciones, las distorsiones que enturbian desde su origen el espinoso caso Ayotzinapa.
Luego de que El Universal dio a conocer que la Fiscalía General de la República mantenía ocultas declaraciones de militares, relacionadas con la desaparición de 43 normalistas el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, el presidente declaró que en su gobierno no existe opacidad y encargó a la Secretaría de Gobernación que liberara toda información ligada con esos hechos.
Gobernación transparentó solo dos hojas. Su contenido, sin embargo, es volcánico. Se trata de dos intervenciones telefónicas realizadas por la Sedena. La primera, del 26 de septiembre de 2014 (a la que me referiré aquí), es un intercambio de mensajes que el líder de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, “El Gil”, sostuvo la noche de la desaparición con un comandante de la policía de Iguala, Francisco Salgado Valladares, alias “Ignacio”.
“Ignacio” le reportó al “Gil” que tenía detenidos a varios “ayotzinapos”. “El Gil” respondió: “Páseme unos por el camino a Pueblo Viejo. Yo los recibo… Tengo unas camas para aterrizarlos”.
“El Gil” fue señalado por diversos colaboradores como jefe regional de los Guerreros Unidos y como el líder criminal que esa noche operó la desaparición de los estudiantes.
Unos chats dados a conocer más tarde por la DEA confirmaron su participación. “El Gil” sembró la idea de que en los autobuses en los que los alumnos llegaban a Iguala iba gente identificada con un grupo rival: Los Rojos.
López Astudillo fue detenido en octubre de 2015. Sus primeras declaraciones fueron cimiento de la llamada “verdad histórica”, que postuló que los estudiantes fueron asesinados e incinerados por miembros de Guerreros Unidos en el basurero de Cocula.
Sin embargo, “El Gil” procuró deslindarse siempre de los hechos e intentó responsabilizar a otros de lo sucedido el día 26.
Tuvo la fortuna de que su detención se hubiera realizado con graves violaciones al debido proceso, y tuvo la fortuna de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, llegara en su auxilio: el GIEI lo cobijó y lo presentó como víctima. Lo amparó, lo promovió, lo dirigió. Con tan buenos resultados que en agosto de 2019 el Gil fue liberado y se convirtió en testigo colaborador bajo la clave “Juan”.
“Juan” entregó al fiscal especial del caso Iguala, Omar Gómez Trejo (exsecretario técnico, por cierto, del GIEI), todo lo que a él lo exculpaba y todo lo que el fiscal deseaba oír: que camionetas del Ejército se habían llevado a varios alumnos al 27 Batallón, que se lo habían entregado “a Nicolás Nájera& para destazar”.
Que a otros alumnos una célula de Guerreros Unidos los disolvió en ácido, y que quien había dirigido todo esto era un personaje que no figuró en ningún expediente: Jesús Pérez Lagunas, “El Güero Mugres”.
“El Güero Mugres” tenía la ventaja de que, además de ser enemigo de “El Gil”, había sido asesinado en marzo de 2018: no podía decir ni sí, ni no.
Hoy, el testigo estrella de la FGR acaba de ser exhibido por medio de las intervenciones telefónicas de la Sedena. Su versión, sus diferentes versiones, se caen a pedazos y se llevan consigo la “verdad alterna” que Gómez Trejo y sus corifeos intentaron construir, con la invaluable colaboración del GIEI.
Desde 2018 la CNDH planteó que la desaparición de los alumnos ocurrió en dos rutas, y tuvo un mismo destino: el basurero de Cocula. Propuso que se analizaran 114 restos recogidos en el vertedero y en el río San Juan.
La FGR se ha negado a hacerlo. Prefirió dejar la investigación en manos de un criminal de cuarta. Un criminal que les vio la cara.
Por eso la orden del presidente de transparentar la investigación les arrancó gritos de rabia.
Dos hojas tiraron las mentiras laboriosamente construidas a lo largo de siete años.