Con esa oración empieza la nota periodística que debería ser la más importante de todas. En el México posrevolucionario nunca hemos enjuiciado a un presidente. Punto. Ni siquiera a Porfirio Díaz.
Después de tres años de pregonar que en este sexenio terminaría la corrupción y la impunidad, sólo hay tres personajes importantes, que recordemos, en la cárcel: Rosario Robles, Juan Collado y Jorge Luis Lavalle.
Una y otra vez nos dijeron que la justicia iría de “arriba hacia abajo”. Cuando el Movimiento de Regeneración Nacional no cumplió, las especulaciones giran en torno a un acuerdo. AMLO hizo un pacto con Enrique Peña Nieto.
Ninguna otra cosa explica la impunidad del gobernante más corrupto que ha tenido el país en medio siglo.
Con toda la información que tiene el Gobierno, tardarían unas cuantas horas en determinar la riqueza del expresidente, dónde la tiene y de dónde provino. También la de sus familiares, allegados y testaferros. A medio sexenio de haber tomado posesión no hay una explicación lógica para perseguir a los opositores y no llamar a cuentas a Peña Nieto.
Por eso la especulación favorita es que la impunidad proviene de la información que pudiera tener el exmandatario sobre vida y obras de los personajes cercanos a la 4T. La indiscreta vida de placer y asueto de Peña Nieto por el mundo, obliga a pensar que no le tiene miedo ni al diablo.
El problema para el país es el deterioro de la vida pública y la sensación de que el Gobierno administra la justicia a su conveniencia. Si desde el primer día de la administración hubieran perseguido a los presuntos hampones del sexenio pasado, López Obrador y su equipo tendrían el reconocimiento público, incluso habrían ganado de calle la elección de junio.
Luis Videgaray, quien fuera considerado el “vicepresidente” de Peña Nieto, vive fuera del país. Se dice que está en Israel, país donde no existe tratado de extradición con México. Emilio Lozoya, quien negoció su libertad a cambio de información, señala a Videgaray como el orquestador de sobornos a la oposición, sin embargo será difícil que aporte pruebas contundentes.
Al paso del tiempo y con el país emproblemado en muchos frentes, vender el tema de la “corrupción del pasado” se desgasta. Lo de Ricardo Anaya suena a vendetta; que la FGR va por Peña Nieto y Videgaray no lo creeremos hasta que ordenen su presentación o detención.
Las acusaciones del Gobierno tienen un fondo ideológico antes que jurídico. Según la 4T la corrupción nació de empujar la reforma energética con sobornos. Ese cambio constitucional para que los particulares particiaran en la explotación de petróleo y producción de energía eléctrica fue en beneficio del país, pero Morena y el Presidente lo consideran una venta de la “soberanía nacional”. Quieren castigar a los gobernantes del pasado por la reforma y no por el desvío de miles y miles de millones de pesos del erario.
Si es un mito que Peña Nieto tenga información sensible e inconveniente para los gobernantes de hoy, sería un éxito llevarlo a la justicia. La inmensa mayoría de los mexicanos aplaudiríamos el combate a la impunidad desde lo más alto.