Ciudad de México.- En siete entidades del país están operando grupos delictivos dedicados a la explotación sexual infantil organizada.
Escuelas públicas y privadas son los lugares en donde el plan se lleva a cabo y participan maestros, directivos, personal administrativo y de intendencia.
Las entidades donde se han documentado y litigado estos casos son la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Baja California, Morelos, San Luis Potosí y Oaxaca. Sin embargo, el informe refiere un centenar de casos más en los cuales hubo denuncias de abusos a menores en escuelas, pero se desconoce si hubo detenidos, si se siguen investigando o si quedaron impunes.
La ODI ha documentado, a lo largo de las últimas dos décadas, los casos con más de un centenar de menores entre las víctimas de estos grupos. El informe indica: “Numerosos preescolares y primarias han sido capturados y utilizados como espacios para la comisión de delitos de explotación sexual infantil en línea”.
El documento, coordinado por la maestra Margarita Griesbach Guizar y presentado por los académicos y activistas Karina Ansolabehere, Maite Azuela, Lydia Cacho, Denise Dresser, Manuel Gil Antón, José Guevara, Lorenzo Meyer, Juan Martín Pérez y Luis Daniel Vázquez, refiere con detalles un problema de dimensiones mayores en materia de explotación sexual infantil, pederastia y pornografía en las escuelas públicas y privadas de México.
La narrativa de lo que se oculta en las aulas, en los patios, en las oficinas de los directores de escuelas de todo el país es que: “De manera consistente, niños y niñas describen ser penetrados con jeringas con agua, con popotes o con papeles sucios, incluso manchados con excremento”.
También describen ser ahorcados u obligados a lastimar a otros compañeros y compañeras; además, “niños y niñas refieren ser grabados o fotografiados”.
El material realizado por las bandas de delincuentes, habilitados como profesores, nunca fue encontrado ni tampoco se investigó por parte de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) a quienes trabajan o financian la red de pornografía infantil.
Estudiando con el enemigo
En el Jardín de Niños Andrés Oscoy, en Iztapalapa, los padres de familia y vecinos nunca imaginaron el terror que vivieron cientos de alumnos durante años.
Sólo 30 familias denunciaron. En 2011, la PGR contactó a la ODI para solicitar apoyo legal para las víctimas, todas de entre tres y cinco años de edad.
De las testimoniales de 19 niños y niñas de entre tres y cinco años se detecta que nombran a 10 personas como agresores directos, que incluyen desde a la directora del plantel y maestras hasta al personal de intendencia, e incluso al hijo adolescente de uno de los maestros”.
Las narraciones de los preescolares sobre el infierno que vivieron exponen que las agresiones se registraron en diversos sitios del plantel.
La mayoría de los niños y niñas refiere que fueron agredidos en un baño. Sin embargo, otros mencionan la oficina de la dirección y un cuarto de drenaje”, así como lugares abiertos, como el patio o un salón.
Por meses o años nadie en la Secretaría de Educación Pública (SEP) se enteró de lo que ocurría en esta escuela ni investigó o cuestionó que 10 de sus funcionarios estuvieran dedicados a la explotación sexual infantil.
Al menos 13 de los niños refieren tocamientos y actos de violación equiparada. Tres de ellos describen haber sufrido violación, 11 dicen haber sido golpeados, algunos narran que adultos se exhibían ante los alumnos o que exhibían la agresión en contra de un pequeño frente al grupo. Varios describen actos sexuales entre adultos que toman lugar durante la agresión.
Entre las narraciones de las víctimas, algunos refieren ser amarrados o amordazados y una niña dice haber sangrado. Además de altos niveles de violencia, las víctimas refieren dinámicas y rituales grotescos”, que eran hechos pasar como juegos.
El “Caso A”: rituales, juegos e impunidad por filtraciones de las autoridades
En 2008, la ODI representó el caso de una niña de cinco años por abuso sexual en un preescolar privado, que por seguridad de las víctimas y por no ser información pública se denomina en el informe como “Caso A”.
La pequeña menciona a hasta seis adultos involucrados (…) y refiere que el abuso se comete en contra de ella junto con otros compañeros y compañeras. Describe prácticas ritualistas, el uso de disfraces y puestas en escena”. La narrativa del caso es atroz.
Sin ningún tipo de trámite, control en los accesos del plantel o vigilancia por parte de las autoridades de la SEP, la niña fue sacada de la escuela en un coche y trasladada junto con otros compañeros a una casa en la que había adultos extraños. La menor describió eventos de sedación y en una ocasión, por lo menos, refirió la presencia de bebés como víctimas del abuso.
El caso no llegó a juicio. Imprudentes o deliberadas filtraciones de la entonces Procuraduría de Justicia del Distrito Federal obligaron a la familia a desistir de denunciar por temor a represalias. No son casos aislados.
La forma de operar de estos grupos de explotación sexual infantil se repite. En 2011, la ODI recibió numerosas denuncias de abuso sexual en el preescolar público Laura Elena Arce Cavazos, en Cuautitlán, Estado de México. Ante la procuraduría mexiquense, se acusó a seis adultos como agresores de niños.
“Describen ser victimados en diversos espacios de la escuela”. Son los patrones delictivos, con saña inaudita. Tres niños muestran cortadas en las piernas que, dicen, fueron infligidas por algún maestro con un cuchillo durante la agresión. Tres de los 10 declarantes describen que les tomaban fotografías o video.
Con información de Agencia EL UNIVERSAL
FRG