Los recientes cambios a la “Ley Garrote”, aprobados por el pleno del Congreso de Querétaro, no frenan las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por organizaciones de la sociedad civil (OSC), aseveró Walter López, vocero del Frente Queretano por la No Discriminación.
El activista precisó que estos cambios se realizaron sin tomar en cuenta las peticiones que distintas OSC extendieron a los legisladores queretanos, en las que advirtieron sobre los riesgos de priorizar sanciones penales bajo el argumento de aportar más seguridad durante los tiempos de la pandemia por COVID-19.
Este proceso no nació bien, no ha ido bien, y por más que quieran hacer cambios mínimos no es algo que se hiciera en consenso con la ciudadanía”, recalcó.
No obstante, Walter López reconoció la participación de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) como el “poco avance rescatable” que se ha tenido en el proceso, ya que una de las acciones de inconstitucionalidad fue interpuesta ante este organismo protector.
Dentro de las principales modificaciones a la Ley Garrote, se reducen la mayoría de las penas que contemplaban el mínimo de 1 año a 6 meses de prisión, así como reducciones de hasta el 90 por ciento en las multas económicas por una detención.
Del mismo modo, se establece que estas penas únicamente podrán aplicarse cuando exista el decreto de “Emergencia Sanitaria” por parte de las autoridades competentes, sin embargo, sigue sin establecer parámetros ni criterios para determinar los casos en los que aplique esta medida.
Por su parte, las Organizaciones por la Acción de Inconstitucionalidad a la Ley Garrote, externaron mediante un comunicado que estos cambios únicamente representan un “maquillaje” a los actos represivos que ahora permite el Código Penal de Querétaro, en el que prevalece la criminalización por encima de las sanciones administrativas durante el tiempo de la pandemia.
Prevalecen los castigos propuestos si alguien se opone a una de sus grandes obras del Gobierno de Querétaro y prevalece criminalizar una eventual transgresión”, denunciaron.
Walter López precisó que las acciones de inconstitucionalidad siguen su curso tanto en la DDQH, como en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y tomará un mínimo de 6 meses para que estas obtengan una resolución final.