No hagas cosas buenas que parezcan malas, siempre es buen consejo. Pero este gobierno cree ser inmune a lo que sus acciones reflejan, justo cuando crece el poder e influencia de organizaciones criminales que ya ni siquiera mantienen un perfil bajo. México puede convertirse en un narcoestado, algunos creen que ya lo es.
Esa reputación nos lastima a todos. Incrementa el riesgo de invertir en México. Seríamos un socio incómodo. Vuelve más caras las transacciones con nosotros, al exigir más precauciones. Nos hace un destino turístico peligroso, e incluso complica que los mexicanos viajemos al exterior, pues los requerimientos de visa aumentarán (como ya nos pasó con Perú).
Sería irresponsable acusar al gobierno, sin pruebas, de complicidad con los cárteles. No lo haré. Pero analicemos las apariencias. Veamos esto desde la perspectiva de un extranjero que no nos conoce.
Después de una decena de capturas exitosas de capos en administraciones previas, el “intento” de ésta por detener a Ovidio Guzmán fue tal comedia de errores que forzó a su liberación. Esa orden ilegal fue dada por el mismo Presidente que se esforzó por rendirle tributo a la abuela del liberado, y que después de referirse a su padre, El Chapo, por su apodo, se disculpó por faltarle al respeto. Quien denuesta a sus rivales y denigra a periodistas se excusó por ofender a un criminal asesino.
Hay más. La Ley de Seguridad Nacional recientemente aprobada por el pleno del Senado sería un sueño para los cárteles, pues haría mucho más difícil la cooperación con DEA, CIA y FBI. Sin la información que proveen esas agencias, las cada vez más débiles autoridades mexicanas se volverán totalmente innocuas. Se arriesga nuestra credibilidad y la relación con Estados Unidos.
La iniciativa para forzar al Banco de México a comprarle cash a bancos comerciales facilitaría el lavado de dinero. Comprometería la integridad de las Reservas Internacionales de nuestro banco central, una de las pocas instituciones mexicanas con unánime respeto internacional. Y lo hacen sólo para ayudarle a Banco Azteca que, de acuerdo a Mario Maldonado, perdió su corresponsalía con el Lone Star National Bank (a quien le enviaba sus dólares en efectivo) cuando la Oficina de Control de Delitos Financieros sancionó a este último por violar la legislación antilavado en su relación con Azteca. La legislación ha sido unánimemente rechazada por la Junta de Gobierno de Banxico, por la ABM, la CNBV y la UIF. Pero la influencia de Salinas Pliego va ganando. ¿Por qué?
En paralelo, exponen cada vez más al Ejército a ser profanado por organizaciones criminales. La reciente detención del ex Secretario de Defensa es la mejor muestra de tan peligroso riesgo. Alguien suspicaz podría dudar de los motivos para darles a las Fuerzas Armadas control sobre aduanas, puertos (cuando Lázaro Cárdenas es la principal puerta para el fentanilo que entra a Norteamérica), y sobre el aeropuerto Felipe Ángeles que ofrecería óptimo acceso de drogas sudamericanas a México.
Para alguien no acostumbrado a un gobierno que improvisa y cuyas políticas no tienen pies ni cabeza, sería muy sospechoso que una tras otra medida favorezca a organizaciones criminales. La duda crecería aún más al recordar que AMLO ha sido enemigo de la transparencia, que vivió de quién sabe qué durante más de una década, que financió quién sabe cómo varias campañas políticas, y que su hermano fue sorprendido (y exonerado) recibiendo billetes que nunca se reportaron -como exige la ley- a autoridades electorales.
México precisa contrapesos y transparencia. Necesitamos ayuda internacional para luchar con organizaciones criminales transnacionales. Es apremiante revertir la militarización de las tareas de seguridad. Nos urge una fiscalía autónoma y con recursos, y por ello los cambios que Morena propone a la Ley de la Fiscalía General de la República, que evitarán mecanismos de control ciudadano, es un colosal error.
Vamos de mal en peor y la velocidad del deterioro se acelera. Votemos en 2021 como si el futuro de México dependiera de esa elección porque, de hecho, depende.