Un “apagón” es la interrupción del servicio eléctrico público y provoca pérdidas millonarias en una economía. Los “apagones” se miden en minutos por año y su impacto real es el Producto Interno Bruto de un País que deja de crearse. De allí, que la existencia de “apagones” en países, como los que sufre hace años Venezuela, son síntomas claros de crisis económica. Los índices de electrificación en el mundo reflejan el crecimiento económico; la mayor intensidad energética (consumo per cápita de energía), es reflejo de una economía sana, en crecimiento.
Por décadas, los estudios del consumo eléctrico, han rondado sobre la idea de que los subsidios distorsionan la demanda eléctrica, es decir, fomentan el dispendio. Coincido con este enfoque. La teoría “neoclásica” de los precios, -la promovida por años por organismos internacionales como el Banco Mundial-, es que éstos, deben reflejar los costos de producción, “como el reloj las horas”, y que la aparición de subsidios, distorsiona por completo el mercado e incrementa la demanda. Es decir, fomenta el desperdicio y la irresponsabilidad (como en Tabasco).
En nuestro País, la Comisión Federal de Electricidad, declarada como “empresa productiva del Estado mexicano” (y con la cual colaboré por años) está ahora orientada este sexenio a volver a ser “empresa paraestatal” y monopolio público, eliminando la competencia. En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se plantean los lineamientos del gobierno del Presidente AMLO, incluida la estrategia nacional de energía y que busca la autosuficiencia nacional. Hasta allí todo bien, solo que las ineficiencias de CFE se trasladan al precio y si se subsidia al consumidor, es entonces el gobierno federal y al final, el contribuyente, quien termina sosteniendo a la empresa. ¿Las causas? Los enormes costos de operación, los pasivos laborales y una estructura organizacional que no incentiva la productividad.
Para prevenir las interrupciones al servicio eléctrico se requiere tener reservas (aunque la energía no se almacena) y que es la diferencia entre la demanda y la capacidad instalada. Los cortes en el suministro eléctrico que afectaron a la península de Baja California el año pasado se debieron a una “interrupción programada”; el “tiro de carga” (cortes en el suministro eléctrico) se dio donde las plantas de la CFE tienen edades que oscilan entre los 30 y 40 años y que no ha recibido el mantenimiento que ameritan. Otro problema similar y potencial es la Península de Yucatán.
CFE gracias a la pandemia mantiene reservas pues cayó la demanda de energía, pero tiene enfrente el reto de hacer crecer la capacidad instalada para el año próximo que se reactive la economía. Por eso, la importancia de que permitan que los ciudadanos produzcamos y que inversionistas privados participen en la generación de energías limpias. Este año, la reducción de la demanda de electricidad derivada de las medidas tomadas para combatir la epidemia ha complicado la operación de la red eléctrica porque sobra generación y hay que parar un gran número de plantas generadoras, con el inconveniente de que la red pierde “inercia eléctrica” y aumenta la probabilidad de apagones por falla técnica. Por eso, en esas condiciones es mejor parar temporalmente las pruebas pre-operativas de las centrales “intermitentes” como la eólica y la solar, pues es mucho más difícil operar un sistema con baja carga”.
Pero los planes de negocio de CFE no han convencido a las agencias calificadoras que evalúan los pasivos, los activos y las ventas. No se ha invertido suficiente en el sistema de transmisión en los últimos años, lo cual ha debilitado al Sistema Eléctrico Nacional. En mi opinión, será solo permitiendo que los productores independientes participen en producir con energía propia en hogares y fábricas. Para minimizar la probabilidad de fallas técnicas en el sistema y apagones por falta de reserva, el gobierno federal deberá, como en todo el mundo occidental, permitir que la sociedad pueda generar energía limpia y tome la decisión de desconectarse de CFE.
* Consejero local del INE