El torbellino posterior a la elección de hace un año nubló el pensamiento de muchos ciudadanos que no votaron por Andrés Manuel López Obrador. Creyeron (creímos) que la voluntad de un presidente electo era suficiente para diseñar un país más allá de las instituciones, más allá de la razón.
En el típico gobierno de un dictador, recordemos a Hugo Chávez embriagado de poder gritando a diestra y siniestra: “esa fábrica, exprópiese; ese negocio, confísquese”. El Supremo líder bolivariano, Chávez destruyó una por una las instituciones de su país y heredó el mando a Nicolás Maduro, un dictador peor que tiene a su pueblo al borde de una hambruna impensable para Latinoamérica, para el país más rico en recursos naturales. Al destruir la propiedad privada y gobernar por decreto, Chávez condenó a Venezuela a la miseria que hoy vive.
Por eso cuando AMLO “decreta” la destrucción del NAIM basado en una farsa de consulta popular y propone la construcción de un nuevo aeropuerto en Santa Lucía, imaginamos que el futuro de México ya se parecía mucho al de Venezuela.
Luego vino el Tren Maya y la refinería en Tabasco. Obras decretadas desde la imaginación del gobernante, lejanas a la viabilidad económica. El aturdimiento fue grande. Sólo la opinión pública en columnas, artículos y editoriales exhibieron la tragedia. Los empresarios se opusieron pero se acobardaron por la fuerza y la popularidad del nuevo líder.
Los tenedores de bonos aceptaron una prima por su inversión y los contratistas que construían el NAIM se quedaron tranquilos cuando se les dijo que les darían obra en Santa Lucía.
Entre los directamente damnificados por la decisión, contamos al sector aeronáutico del país. Las líneas aéreas tendrán una complicación mayor de operaciones y de costo con dos aeropuertos, finalmente limitados a 5 años de crecimiento. ¿Qué hubiera pasado si las líneas aéreas nacionales se negaran a Santa Lucía? ¿Qué pasaría si los pilotos y su asociación sindical dijeran que no volarían a Santa Lucía por la complejidad de la operación en la navegación aérea y por su seguridad y la de los pasajeros? Ellos conocen de primera mano los estudios que ubican a Texcoco como un verdadero “Hub” y la mejor solución para 50 años. Infortunadamente el miedo les hizo tragarse la lengua ante la arbitrariedad y la llana estupidez de tirar la obra de infraestructura más importante del siglo.
Hasta que la sociedad civil despertó.
Un grupo de ciudadanos solicita un amparo para que se detenga la inminente construcción de Santa Lucía. El alegato es simple: no cuenta con estudios ambientales. En realidad, no cuenta con algún estudio económico o aeronáutico que convierta a ese proyecto en la solución para el país. Un juez aceptó el amparo hasta que el Gobierno presente los estudios.
Sabemos que viene una cascada de amparos y demandas por la cancelación ilegal y arbitraria de Texcoco. Si el Poder Judicial pinta su raya de independencia y si se respeta la ley y los derechos de todos quienes pagamos impuestos del TUA, pueden cambiar el destino ante la voluntad caprichosa e irracional del nuevo Gobierno.
Porque nadie con mediana inteligencia e información puede apoyar tanto desatino, menos un Poder Judicial “juicioso”.