La reunión era incómoda, por lo menos tensa. El nuevo colaborador de la administración de Diego Sinhue Rodríguez apretaba duro al ex funcionario de Bárbara Botello. Si decía la verdad podría haber clemencia frente al montón de evidencia de la enorme corrupción del trienio priísta. “¿Cuánto se robaron?”, preguntó apretando aún más la correa emocional.
El funcionario lo pensó e hizo cuentas, lo suyo son las matemáticas “500 millones” fue la respuesta. El delegado de Diego se sorprendió por la cifra a pesar de su experiencia anterior como representante popular, que le daba los datos precisos para saber cuánto dinero se mueve en un municipio como León (unos 20 mil millones por trienio).
El ex funcionario de Bárbara ya había pasado la misma prueba frente al Procurador -en un confesionario distinto- pero sólo había dicho lo suficiente para que un tío poderoso le recomendara: mejor no estés por aquí, le habría dicho. El sobrino salió, estuvo fuera hasta que las aguas se calmaron.
La acusación por la que llevaron detenida a Bárbara Botello apenas alcanza millón y medio de pesos, algo ridículo frente a la evidente, expansiva y penetrante corrupción que prevaleció durante los tres años de su administración. Corrupción que no sólo se dio en la contratación de empresas fantasma, obras públicas infladas, compras y contratos amañados o el cambio de concesionarios de la basura con un costo anual de 100 millones más para la población.
Por eso su detención sugiere una simulación aunque no lo fuera. Las evidencias de los desvíos, los pagos de moches a Manlio Fabio Beltrones, confesados por la propia Bárbara Botello y su tesorero Roberto Pesquera surgieron desde hace 5 años.
El entonces gobernador Miguel Márquez lo sabía aunque fingiera con una ladina sonrisa que ese asunto no le correspondía. Lo sabían en el PRI y en el PAN, lo tenían claro los pocos funcionarios que no lucraban; lo sabía el contralor municipal de extracción panista. Lo peor, lo sabían funcionarios menores de su administración. Era inocultable.
Entonces, ¿por qué el procurador y su equipo no obtuvieron peritajes de cuando menos una o dos obras infladas? Con el absurdo costo de la construcción de la avenida Timoteo Lozano hubieran tenido para demostrar el desvío de más de 100 millones, cuando menos 50.
Dondequiera que hubiesen hecho investigaciones serias, en obras públicas o movilidad; en compras o en arrendamientos, tendrían toda la evidencia de lo que sucedió en el sexenio de la mayor corrupción que se recuerde en León.
El futuro ahora es predecible: Bárbara pagará millón y medio, resarcirá lo que le fije el juez con base en la consignación y todo seguirá igual. Pocos creerán que se hizo justicia como no se hizo con la corrupción de Juan Manuel Oliva. El gobernador Diego Sinhue Rodríguez puede decir que la Fiscalía es independiente o que a él le entregaron sólo esa evidencia y no pudo hacer más.
La verdad es más profunda y antecede a los últimos gobernantes. Está establecido que el PAN fracasó como partido cuando incumple su cometido de transformar a México combatiendo la corrupción. En Guanajuato tenemos una larga historia de simulación de Acción Nacional, desde una pifia de 5 mil millones de viejos pesos de Carlos Medina, hasta un mega coyote compadre del anterior gobernador. Una historia que puede ser útil para el cambio, para el “golpe de timón” que desea la actual administración.