Argumentando que: “Al igual que la ciencia, la investigación jurídica debe considerarse como un factor de cambio en la construcción de un país más justo”,  la Dra. María Elena Álvarez-Buylla Roces, Directora General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), defendió recientemente la inclusión de las humanidades junto con la ciencia y la tecnología durante una reunión con académicos y estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Esto al impartir la conferencia magistral “El Nuevo Conacyt y la Investigación Jurídica en México”. La Dra. María Elena Álvarez-Buylla afirmó que a pesar del aumento en la inversión pública en ciencia y tecnología ésta no se ha visto reflejada en un mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos y señaló que es imprescindible transformar el modelo que ha prevalecido para reorientarlo hacia “una ciencia nacional, colectiva, convergente y solidaria”.

Se podrá estar o no de acuerdo con el nuevo enfoque del Conacyt sin embargo hay hechos duros como la escasa correlación observada en México entre inversión en ciencia y tecnología y mejoramiento de la calidad de vida- que no se pueden negar. Inevitablemente hay cierto nerviosismo entre algunos científicos dependiendo de su especialidad. De hecho este nerviosismo se da no solo entre científicos sino también entre algunos Institutos y Centros de investigación que temen por su financiamiento y existencia. A modo de ejemplo, consideremos a un científico que trabaja en el mejoramiento de la producción agrícola o en acuacultura, éste puede con bastante seguridad afirmar que su trabajo cumple una función social; difícilmente alguien argumentará en contra.  Sin embargo un científico que trabaja en astrofísica, en partículas elementales o en óptica cuántica -por mencionar solo algunos campos- a pesar de que él sabe que su trabajo es científicamente válido e importante, muchas personas y funcionarios no necesariamente lo verán de este modo.

Algunos posiblemente preguntarán: ¿de qué nos sirve gastar dinero en construir y mantener un radio telescopio cuyo más importante logro público ha sido contribuir a obtener la fotografía de un agujero negro que se encuentra a miles de millones de años luz? O, ¿de qué nos sirve gastar dinero financiando investigación sobre la partícula de Higgs o construyendo un acelerador de electrones, o estudiando materiales nanoestructurados? Las aplicaciones de estas cosas continuarán- son inexistentes, remotas o fuera de la realidad tecnológica y económica de nuestro País.

De qué sirve todo esto continuarán- cuando a unos cuantos metros tenemos niños e indígenas enfermos, sin escuelas, y familias sin servicios médicos o sanitarios básicos, y con sus padres desempleados? Afirmarán que se debe priorizar el gasto y que evidentemente es más importante resolver problemas sociales que financiar la investigación en cosas que no inciden en nuestra realidad urgente e inmediata.  Cuestionarán también los resultados del gasto de investigación en México analizando el raquítico número de patentes que se obtienen, comparado esta información con la de otros países similares en PIB.

Prosiguiendo con esta crítica, seguramente también cuestionarán la vida de confort, llena de viajes, estancias, congresos, intercambios internacionales y otras actividades que considerarán francamente “turísticas”, que muchos científicos mexicanos tienen a cambio de publicar artículos científicos innecesarios, redundantes y ociosos que en nada contribuyen a mejorar la calidad de vida de los mexicanos.  Igualmente señalarán la enorme soberbia, egoísmo y egolatría de muchos científicos que no permiten ser cuestionados pues cualquier crítica es, en automático, descalificada por estas personas que creen estar tocadas por “la mano de Dios”. 

Es mi opinión que ante éstas críticas y para lograr un diálogo constructivo se requieren dos cosas fundamentales:  1) Mayor  conciencia social, humildad y modestia, por parte de la comunidad científica, y; 2) Mayor conciencia de la importancia histórica de la actividad y progreso científico en el desarrollo y bienestar de la humanidad, por parte de los funcionarios de gobierno. Pues, ¿qué le hace pensar a un científico que su trabajo es más importante que el de un trabajador o que el de un empresario que genera empleos que permiten la subsistencia de numerosas familias? O, ¿qué le permite a un funcionario descalificar el trabajo de un científico porque no lo entiende o porque no cumple sus criterios o programas políticos?  Muchos científicos y académicos que apoyaron al Presidente López Obrador ahora se sienten defraudados pues creyendo que iban a gozar de más apoyo ven una realidad diferente a la esperada. 

De hecho en este momento está circulando un e-mail de invitación para firmar una carta dirigida al Presidente de la República y a la opinión pública, que dice: “Un grupo de investigadores del INAOE hemos redactado una carta dirigida al Presidente de la República para solicitar que no se apliquen los recortes instruidos en el Memorándum de Austeridad a los CPIs (Centros Públicos de Investigación) y otros centros de investigación científica”. La carta fechada el 15 de mayo se titula: “Postura de las comunidades de los Centros Públicos de Investigación del CONACYT ante la Ley de Austeridad Republicana y el Memorándum emitido por el Presidente de la República el 3 de mayo del 2019”.  De dicho documento es notable el siguiente párrafo: “el pasado 3 de mayo fue emitido un Memorándum por parte del Ejecutivo Federal, sobre el cual queremos hacer las siguientes valoraciones. En dicho Memorándum se instruye, de manera inmediata, recortes al PEF 2019, que van del 30% al 50%, en partidas presupuestales que afectan directamente el gasto operativo de Dependencias y Entidades, incluidos los CPIs. Coincidimos con el Sr. Presidente en la necesidad de adelgazar el gasto del Gobierno, haciendo un mejor y eficiente uso del presupuesto. Sin embargo, por la misma naturaleza y funciones de los CPIs, dichos recortes implicarían la suspensión o incluso la cancelación de actividades sustantivas de investigación, desarrollo tecnológico, formación de recursos humanos, difusión y divulgación de la ciencia, lo que iría en contra de la política del nuevo CONAHCyT y de coadyuvar a la transformación que tanto urge a México.”

El primer párrafo del Memorándum del Ejecutivo Federal del 3 de mayo dice: “A los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno Federal: El Gobierno de la Cuarta Transformación entiende que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Como decía Benito Juárez, los funcionarios públicos deben aprender a vivir en la justa medianía. En un México con más de 50 millones de personas en pobreza, es inaceptable que los servidores públicos se beneficien con toda clase de bonos, prestaciones y privilegios, o que el gobierno realice gastos excesivos u onerosos en su operación.”

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