El Gobierno federal hizo una pésima inversión en penales y quienes, aparentemente, realizaron un buen negocio, son los proveedores.
En 2010, la Administración federal comprometió el pago a 22 años de 199 mil 476 millones de pesos por 8 centros carcelarios en modalidad Asociación Público-Privada (APP); sin embargo, estos reclusorios están hoy ocupados a la mitad de su capacidad.
El costo que paga el Gobierno hace que, en promedio, cada interno cueste al día alrededor de 2 mil 400 pesos, cifra que contrasta con lo que promedia la estancia en otros 11 penales federales y que no supera los 390 pesos.
Según el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, siete de los ocho penales bajo el esquema APP están funcionando, tienen una capacidad para 17 mil 648 internos, pero, al cierre de abril pasado, sólo tenían albergados a 10 mil 334 reos; es decir, estaban al 58.5% de su capacidad.
Los otros 11 centros carcelarios del Gobierno Federal, que no tienen participación privada, se encuentran a poco menos de la mitad de su capacidad: de los 18 mil 318 espacios disponibles, albergan ocho mil 660 reos, lo que significa una ocupación de 47.2%.
Aunque en 2010, durante la Administración de Felipe Calderón, ya se sabía que la población carcelaria disminuiría por el Sistema de Justicia Penal, se avaló su construcción en la modalidad APP.
Elena Azaola, profesora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), advirtió que, además del derroche, las condiciones de los presos no mejoraron.
Estas cárceles, sostuvo, tal como lo ha documentado la CNDH, registran deficiencias en la prestación de servicios básicos como alimentación, atención médica, impartición de talleres y reinserción social.
Las empresas a las que originalmente se les asignaron los contratos son ICA, Prodemex, Homex, Arendal, GIA y Tradeco, que proyectaron una inversión, en su conjunto, de 32 mil 822 millones de pesos para construir y poner en funcionamiento los ocho penales.
Los siete reclusorios en APP funcionando están en Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas y Michoacán, y uno femenil en Morelos.
Al término de los 22 años de pagos anuales de 9 mil 67 millones de pesos en promedio, los penales serán propiedad del Gobierno federal.