En caso de que se apruebe la iniciativa de reforma fiscal, a partir de enero de 2014 a nivel nacional, un sinfín de adultos mayores podrían dejar de contar con el apoyo del programa 65 y más.
El Observatorio del Salario, de la Universidad Iberoamericana de Puebla, realizó un análisis en el que se señala que la reforma fiscal no cuenta con términos reales de los conceptos que maneja, como el llamado “pensión universal”, que señala además es un engaño, pues sólo se les dará a quienes cuenten con jubilación y fondo de retiro.
Alfonso Ruiz Chico, diputado local del PAN, señaló que los legisladores federales deben evaluar las iniciativas, para buscar el beneficio de los adultos mayores, pues quitarles el apoyo afectaría este sector de la población.
“Lo importante es que los programas no se corten; al contrario se plantee una mejor cobertura en la parte fiscal”, indicó.
Señaló que a su parecer, el Gobierno federal no presentó un adecuado plan te austeridad, ya que el 1.5% de Producto Interno Bruto (PIB), se está destinando a gasto corriente y burocrático, que viene a coartar el beneficio de los programas sociales.
“No nada más para los adultos mayores, se debe de fomentar para beneficio de la economía del País, siempre fortalecer la parte de la inversión y tener una recaudación más efectiva”, indicó.
Comentó que con este tipo de propuestas, el Gobierno federal no sólo perjudica a las clases medias, sino también a las clases desprotegidas y vulnerables, en este caso a los adultos mayores que se quedarían sin el apoyo del programa social.
Ruiz Chico dijo que a nivel local, los legisladores presentaron ante el Congreso del Estado una iniciativa para los derechos de los adultos mayores, con lo que se busca darle mejores condiciones económicas, salud y convivencia a este sector de la población.
Por su parte, los adultos mayores comentaron que no hay suficientes apoyos para ellos, y que si se desaparece este programa, el Gobierno estaría eliminando las oportunidades de vida de quienes son beneficiados.
Indicaron que esperan que los legisladores evalúen bien la propuesta, ya que no sería justo que se afectara a las personas de la tercera edad, que ya no pueden trabajar y en muchas ocasiones viven únicamente de este recurso.