El Congreso local aprobó reformas al Código Penal para el Estado y castigar con tres o hasta nueve años de cárcel a quien promueva o aliente la formación o establecimiento de asentamientos humanos irregulares y causando un perjuicio público.
“Le estamos dando diente al tema del ordenamiento territorial, al tema del Código Territorial que quedó pendiente, obviamente esta fue una iniciativa adicional que pusimos, se marca en ella de 3 a 9 años de cárcel a quien le demuestren que faltó a la ley y hasta 100 mil días de salario, son dos artículos que se están agregando al Código Penal, uno que va directamente con los infractores y otro que dirigido a los funcionarios que permiten que se hagan este tipo de infracciones”, explicó el diputado panista Jesús Oviedo Herrera.
El legislador recordó que este modificación derivó de las modificaciones que se realizaron al Código Territorial para el Estado y que se homologó con la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano a nivel federal.
Asimismo, recordó que durante muchos años, en el país han existido personas que se han enriquecieron a costa de propiciar, inducir, permitir y engañar a familias en situación de vulnerable para ocupar irregularmente áreas urbanizadas o terrenos que consideradas como no urbanizables, e incluso donde corren riesgo. Aseguró que en el caso de León existen 275 asentamientos irregulares.
La reforma establece que “a quien por sí o por interpósita persona; o al que fraccione, enajene o se comprometa a enajenar en forma fraccionada o en lotes, un terreno urbano o rústico, propio o ajeno, con o sin construcciones, sin el previo permiso de las autoridades competentes, o cuando existiendo éste no se hayan satisfecho los requisitos de tal permiso, se le impondrá de tres a nueve años de prisión y de cien a mil días multa”.
También señala que a quien propicie, induzca, permita o se beneficie de la ocupación irregular de áreas urbanizadas y las que se consideren no urbanizables en los centros de población, de conformidad con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como la Ley General de Protección Civil y el Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se le impondrá una pena de tres a nueve años de prisión y de cien a mil días multa.