El Instituto Nacional de Migración (INM), y otras instancias federales y de la Ciudad de México ignoraron la denuncia de violación de una menor migrante y la deportaron sin concluir la investigación del delito, reveló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Con su desinterés y omisiones, los funcionarios públicos revictimizaron a la hondureña de 13 años y le violaron sus derechos a la seguridad jurídica, al acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, a la protección a la salud y al interés superior de la niñez, concluyó la CNDH en su Recomendación 12/2018.
La adolescente fue detenida por personal del INM en la Central de Autobuses de San Miguel de Allende, Guanajuato, y trasladada a la estación migratoria de esa ciudad.
Al día siguiente, durante su declaración ante la autoridad migratoria reveló que había sido violada y quiso denunciar, sin embargo, no pudo hacerlo y a los tres días la trasladaron la estación migratoria en la Ciudad de México.
El 9 de febrero de 2016, personal de la CNDH pidió al INM medidas cautelares para que fuera trasladada a un Centro de Asistencia Social (CAS), ya que por ser menor no debía estar en una estación migratoria, y para que pudiera denunciar su violación ante un agente del Ministerio Público.
El Instituto Nacional de Migración resolvió el 24 de febrero de ese año su retorno asistido.
Según la información obtenida por la CNDH, en enero de 2016 la PGR inició una averiguación previa por una denuncia presentada por los padres de la menor cuando ella dejó su país; en febrero inició otra averiguación, pero por la violación de la menor. Sin embargo, ambos expedientes se enviaron a la Unidad de Migrantes, donde se radicó una nueva averiguación, que sigue en integración.
“La CNDH acreditó violaciones a los derechos fundamentales de la adolescente, quien permaneció detenida en dos estaciones migratorias, situación que está prohibida por la Ley de Migración y el Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, refiere la Recomendación.
“No recibió atención psicológica; no estuvo asistida por personal de la Procuraduría de Protección, además de que la persona con nombramiento de Oficial de Protección a la Infancia (OPI) del INM, encargada de brindar protección a sus derechos, no estuvo presente en todas las diligencias que se llevaron a cabo en la estación migratoria de la Ciudad de México”.
La CNDH reprochó que tampoco se le brindó a la menor asesoría por la violación, se omitió otorgarle asistencia y orientación social.
Por ello, la Comisión Nacional le pidió al Instituto Nacional de Migración inscribir a la menor el Registro Nacional de Víctimas, localizarla y darle la atención psicológica y que emita circulares para instruir a su personal a cumplir con la ley.
A la PGR le solicitó integrar la última averiguación previa, para identificar, localizar, detener, procesar y sancionar al violador de la adolescente.