Diputados locales decidieron imponer la pena máxima de 60 años de prisión a cualquier persona que asesine o lesione a un policía o cualquier otra persona relacionada con la procuración de justicia en la entidad.
Y es que el Pleno del Congreso local aprobó este jueves la iniciativa de reforma al Código Penal, que añade un nuevo tipo penal, con el objetivo de proteger a servidores públicos que desempeñen funciones de seguridad pública, de investigación de delitos, de procuración o administración de justicia y de ejecución de penas.
El grupo parlamentario del PRI había propuesto una pena de 40 años de prisión, pero a través de una reserva legal el PAN logró que se estableciera la pena máxima que se aplica en el estado, 60 años.
“El creciente número de asesinatos de policías e integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública es no sólo una tragedia para sus familias, amigos y corporaciones, sino para todo el Estado y ante esta tragedia debemos responder con la plena fuerza del Estado, aportando desde nuestro ámbito para prevenir y castigar estas agresiones”, dijo la legisladora Libia Denisse García.
En lesiones a policías
En el caso de lesiones, se establece el artículo 150-a que “al responsable de lesiones en contra de servidores públicos que desempeñen funciones de seguridad pública, de investigación de delitos, de procuración o administración de justicia en materia penal, de ejecución de penas, de su cónyuge o de sus parientes en línea recta o colateral hasta el cuarto grado o con quien viva en concubinato, se aumentará la punibilidad de la mitad del mínimo a la mitad del máximo”.
La pena mínima por este delito será de 30 años de cárcel y se contempla la aplicación de una multa de 300 a 600 días de multa.