Durante la actual Administración, el Gobierno federal ha gastado 1.5 billones de pesos más que lo inicialmente aprobado en su Presupuesto de Egresos, a través de mecanismos susceptibles a la discrecionalidad.
De acuerdo con un análisis de México Evalúa, de 2013 a 2017, el total del sobregasto registrado por el Gobierno estuvo impulsado por mayores egresos respecto a lo presupuestado para el pago de pasivos pensionarios de Pemex y Comisión Federal de Electricidad, así como por aportaciones a fideicomisos públicos, los cuales carecen de reglas de operación claras y dan espacio al uso discrecional de los recursos.
En el caso de los pasivos de las paraestatales, que corresponden a la partida “Adquisición de otro valor” según la cuenta pública, los egresos adicionales ascienden a 613 mil 353 millones de pesos durante el periodo referido, los cuales fueron empleados principalmente en transferencias para la adquisición de pasivos pensionarios.
Para los fideicomisos, la partida con el segundo mayor sobregasto, se destinaron 601 mil 911 millones más que lo aprobado inicialmente por los legisladores.
Además, esta partida del gasto no sólo se ha ubicado históricamente por arriba de su presupuesto, sino que a partir de 2014, el monto ejercido muestra un importante crecimiento y se ha alejado cada año más del monto aprobado.
De acuerdo con la información presentada por México Evalúa, mientras en 2014 los fideicomisos públicos tuvieron un presupuesto de 34 mil 440 millones de pesos y ejercieron 107 mil 839, para 2017 su presupuesto fue de 37 mil 479 millones pero recibieron 251 mil 862 millones.
La principal preocupación del sobregasto en fideicomisos públicos, explica el análisis, radica en la falta de reglas de operación para la administración de los recursos que captan, lo que los convierte en figuras discrecionales que permiten aumentar la cantidad de recursos que se gastan fuera del presupuesto.
Sin embargo, la organización señala que es una serie de mecanismos y la misma arquitectura institucional las que en conjunto dan al Gobierno el espacio para realizar ajustes en la distribución de recursos a lo largo del ejercicio sin que estos se justifiquen.
“Este diseño institucional promueve que, en la práctica, los fines del presupuesto puedan cambiar fácilmente, lo cual es conveniente para la persecución y financiamiento de intereses políticos o de grupos de interés”, señala el análisis.
México Evalúa considera que el Congreso no hace contrapeso en la revisión y análisis de los presupuestos, por lo que contribuye a perpetuar el esquema de discrecionalidad.