Ayer el pleno del Ayuntamiento ratificó la decisión de inhabilitar por un año para ocupar un cargo público a la ex alcaldesa Bárbara Botello, 10 ex ediles de la pasada administración, además del ex tesorero, Roberto Pesquera y el ex director de Gestión Ambiental, Fidel García Granados.
A todos ellos se les sancionó por anomalías en el proceso de la licitación para el servicio de recolección de basura.
Tendrán la oportunidad, en un lapso de 30 días a partir de que los notifiquen, para impugnar la resolución ante tribunales de justicia administrativa o instancias penales.
El voto en contra de los regidores de la oposición. Foto: Omar G. Ramírez.
La decisión se tomó pese a que los ediles de oposición, Sergio Contreras Guerrero del PVEM y los priístas Norma López Zúñiga y Salvador Ramírez Argote, señalaron a lo largo de la sesión inconsistencias y falta de ‘diligencia’.
Sobresalió que el regidor Jesús Vázquez manifestara que confiaba en la honorabilidad y rectitud dentro y fuera de la vida pública de dos ex regidores enjuiciados, Aurelio Martínez y Esther Zúñiga, pero al no ser posible una votación separada, se disculpó por apoyar la inhabilitación.
“Ciudadanos ejemplares y dignos de toda mi confianza, lamentablemente por mi posición actual como integrante del presente Ayuntamiento, me veo en la obligación de emitir mi voto favor de la sanción”, lamentó el edil.
Finalmente pesaron más los 11 votos de ediles del PAN y uno del regidor Jesús Vazquez, que los de oposición.
La resolución fue propuesta por la mayoría de los integrantes de la Comisión de Gobierno, después de revisar expedientes y pruebas. Todo ello derivado de una auditoría de los procesos de lictiación por parte de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG).
Cuestionan sanción
Lo primero que argumentaron los regidores de oposición fue que no se les enviaron los dictámenes con las resoluciones con 24 horas de antelación a la sesión, como lo marca el reglamento, que si acaso los recibieron 20 horas antes.
El que comenzó con los argumentos en contra fue Ramírez Argote, quien manifestó que las resoluciones de los siete expedientes que respaldaron la sanción estaban en 2 mil 333 páginas, imposibles de leer en 20 horas.
“Si duro dos minutos para leer una sola página, en las veinte horas que me dieron, sin parar, sin comer, sin cenar, sin dormir y sin hacer ninguna de las otras funciones naturales que tiene el ser humano ni los demás roles que tenemos como padres, hermanos, profesionistas, en esta sesión, resulta que apenas alcanzaría a leer 600 páginas, ni siquiera la mitad de uno (un expediente)”.
Y advirtió que en la próxima administración, varios de los que votaron a favor de la resolución serían juzgados por las faltas que cometieron.
El regidor Sergio Contreras basó sus argumentos en sustentos jurídicos y legales, advirtiendo a los que votaron a favor que podrían caer en una ilegalidad.
Sergio Contreras, ayer en el Ayuntamiento. Foto: Omar G. Ramírez.
Además nuevamente reprochó que se haya basado la resolución en una recomendación de la ASEG.
También recordó que las bases de la licitación, que aparentemente fueron mal hechas, las tomó esta administración también para reponer el fallo.
“Vamos a transgredir derechos fundamentales, humanos, para ciudadanos, debemos tomar esto con la seriedad que debe de ser independientemente de otros temas, si es o no político, vámos a lo legal. … aquellos que de manera irresponsable lo pudieran llegar a hacer, estarían en responsabilidades como las que tiene un juez que libera o condena indebidamente”, señaló.
La regidora Norma López Zúñiga, quien se abstuvo de votar en las resoluciones donde estaba involucrada la ex regidora Esther, quien es su mamá, también reprochó la supuesta ilegalidad en la que incurrieron los que votaron a favor de la inhabilitación, decisión que aseguró no tiene respaldo jurídico y en la que no se individualizaron los casos para su análisis, como se debió haber hecho.