Aunque abogados han notado un aumento drástico en consultas por casos de acoso sexual, las estadísticas confirman que las víctimas tienen las de perder, de acuerdo con WSJ.

El 75% de los casos laborales terminan en un acuerdo privado entre ambas partes, y en el resto de situaciones en las que el juez sí da un veredicto, el 95% de las veces gana el acusado, informa la empresa Lex Machina.

Durante las anteriores semanas, aumentó el número de denuncias por acoso sexual en el lugar de trabajo que buscan ayuda en los juzgados, aunque muchas de ellas no serán consideradas.

Por esta razón, la mayoría de afectados pide que se reforme el artículo VII de la Ley Federal de Derechos Civiles. Redactada en 1964, solo contempla la discriminación por motivos de raza, color, religión, sexo u origen nacional, puesto que en aquella época el acoso sexual era un concepto no definido.

La Comisión para la Igualdad de Oportunidades Laborales comenzó a incluir el acoso sexual dentro de la normativa en las últimas décadas, pero los abogados de los damnificados afirman que los requisitos son demasiado exigentes.

Éstos tienen un periodo de 180 a 300 días desde el incidente para presentar su denuncia. Sin embargo, acudir a los juzgados puede ser un riesgo, tanto personal como profesionalmente.

Además del miedo a perder su trabajo o de ser objeto de represalias, los afectados temen no tener las pruebas suficientes o ser desacreditados por el abusador, quien suele tener autoridad en el empleo o un puesto superior.

La acusación pide que se revise la ley para incluir más facilidades y así dar más posibilidades a la víctima para recurrir a la justicia. El caso de Weinstein provocó una oleada de denuncias, pero pocas tienen previsión de ser aceptadas por la corte federal, ya sea por los requisitos y por la pobre implicación de las empresas.

La defensa argumenta, en cambio, que el bajo nivel de éxito de los denunciantes se debe a que la mayoría prefiere llegar a un acuerdo antes de que presentarse ante el juzgado. Al modificar la ley, dicen, alentaría a otros trabajadores para acudir a la corte federal sobre casos que no son realmente discriminatorios.

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