La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha levantado actas circunstanciadas en entidades afectadas por los sismos, y documentó, por ejemplo, falta de transparencia en la repartición de apoyos en Oaxaca e incierta llegada de recursos para la reconstrucción en Morelos.
La CNDH pidió a las autoridades de los tres niveles de Gobierno a que en las labores tendentes al restablecimiento de la normalidad, no soslayen la atención de las quejas recibidas que ha recibido.
La Comisión ha recibido 127 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, de las cuales 119 están calificadas y ocho siguen pendientes.
También ha emitido 151 oficios relacionados con solicitudes de información y medidas cautelares, y ha levantado distintas actas circunstanciadas.
En Oaxaca, visitó Juchitán, Tehuantepec, Santiago Astata, Asunción de Ixtaltepec, Salina Cruz y Unión Hidalgo, donde recibió escritos de queja y levantó más de 50 actas circunstanciadas de las que se desprenden quejas de oficio.
“De las actas circunstanciadas se desprenden, entre otras observaciones, la falta de transparencia y organización en la repartición de apoyos; falta de censos de población afectada; necesidades de recursos materiales para pernoctar en la calle”.
En Puebla, personal de la CNDH visitó Ahuehuetzingo, Atlixco, Atzala, Chielta, Huejotzingo, Izúcar de Matamoros y Tilapa, donde se levantaron actas circunstanciadas por la falta de coordinación para entrega de documentación solicitada para demolición de casas-habitación.
Además detectó que en esta entidad, el Instituto Nacional de Antropología e Historia no ha otorgado la documentación para la demolición de viviendas consideradas inmuebles históricos.
En el Estado de Morelos recibió dos quejas, una en la que se señaló al DIF estatal como autoridad responsable del desvío de víveres a bodegas del Gobierno de la entidad, y otra en contra el Gobierno federal, por no seguir los protocolos para la entrega de ayuda y remoción de escombros.
De las actas circunstanciadas levantadas en la CDMX, se observaron, desorganización y caos en los primeros días de rescate de personas y cuerpos, además de que no se aplicaron normas en el manejo de cadáveres por la inmediatez de la contingencia.
Además, constante rectificación en procedimientos de comunicación entre familias de víctimas y autoridades federales y locales, y falta de uniformidad en la metodología de trabajo y comunicación social en lugares siniestrados.