Son ya dos semanas de que comenzó a aplicarse el primer gasolinazo de este año y las protestas en todo el país, aunque han disminuido, siguen realizándose. Los que ya son menos notablemente, son los actos de saqueo y vandalismo que las han estado acompañando. Eso ha propiciado que ahora los inconformes sean vistos con menos resentimiento por los directamente perjudicados con ellas al sufrir los actos de vandalismo y saqueo; si bien todavía mantienen una actitud de vigilancia para evitar que vuelvan a ser víctimas, pero dejando ver su decisión de recurrir también a la violencia en defensa de sus intereses en caso de que la autoridad no actúe adecuadamente.
Los manifestantes que se oponen son claros en sus pretensiones, dejarlo sin efecto. En cambio el gobierno federal, si bien ha dicho que no accederá a ellas, llamó a una reunión, que se efectuó la semana pasada, con los miembros directivos de las organizaciones privadas de carácter empresarial más importantes de la República, gobernadores, algunos líderes obreros y a otros representantes de organizaciones, para tratar de encontrar algunos paliativos a las consecuencias más graves del aumento de los combustibles. Es decir, evitar los aumentos de precios en cascada en razón del incremento que se ha señalado. En la reunión con los que encabezan la iniciativa privada y algún líder de los trabajadores, el presidente Peña Nieto además de reiterar la necesidad de esos aumentos y la imposibilidad de dar marcha atrás en ellos, propuso varios puntos como paliativos. Podrían destacarse como fundamentales, la decisión de disminuir los sueldos de él mismo, de los secretarios de Estado y altos jefes de gobierno, sugiriendo a los demás poderes federales y a los gobernadores de los estados que hicieran lo mismo. Además indicó que se tomarían una serie de medidas para evitar los aumentos injustificados sobre todo en los alimentos básicos, así como para elevar el poder adquisitivo de las personas más pobres. Los asistentes a esa reunión firmaron un documento que se hizo saber a la ciudadanía, conteniendo tal acuerdo. A los gobernadores les pidió también su colaboración. Estos sin hacer declaraciones específicas al respecto, han comenzado a realizar algunas de esas medidas, aun cuando muchos de ellos todavía no lo hacen.
Ahora, bien, como lo mencionan prácticamente todos los analistas políticos e incluso el representante de la COPARMEX, resulta que ese documento solamente señala aspectos generales que podrían implementarse pero no determina de manera concreta y fácil como tendrían que llevarse a la práctica. Por eso se ha dicho y casi todo mundo está de acuerdo en ello, que son enunciados de buenos propósitos y de un tratamiento general que no precisa métodos, medidas de resultados, plazos ni sanciones para quienes no cumplan con lo que ahí se propone. La pregunta es, cómo se logrará controlar el aumento de precios, si es claro que la Secretaría de Economía ni la Profeco carecen de los elementos suficientes para imponer multas y clausuras, que además resultarían negativas porque exacerbarían más los ánimos del pueblo, pudiendo llegar incluso a provocar escasez ficticia de los productos, sobre todo de los alimentos. Además la reducción de sueldos no es una medida que pueda rápidamente tomarse, porque tiene aspectos jurídicos y fiscales que primero habría que solucionar, incluso por lo que hace a los poderes judiciales existen prohibiciones legales para disminuir los sueldos durante el ejercicio de quien esté en el cargo. No habrá, pues, tal reducción de sueldos, sino que los involucrados renunciarán a recibir una parte como contribución voluntaria de su parte. Lo que también implica, sin embargo, aspectos fiscales, que si bien no serían difíciles si se tratara de unos cuantos casos, en cambio si se está en presencia de miles o cientos de miles la cosa ya no es tan fácil.
Pero, aun cuando ya se dan publicidad a esas medidas, tampoco el gobierno federal ni los involucrados en su realización han explicado claramente al pueblo cómo se van efectuar y cuál será el efecto real y práctico que se obtendrá en beneficio de éste. Se está cayendo en el mismo error que con el incremento de las gasolinas. Por eso digo que en relación a esos aumentos sigue la confusión para los ciudadanos y los inconformes. Así difícilmente se llegarán a apaciguar definitivamente los ánimos.
El Presidente Municipal de Irapuato dijo, hace días, algo así como “que los derechos humanos debieran ser para los humanos derechos” y no, se sobreentiende, no para los humanos chuecos. No le gustó eso al Procurador de los Derechos Humanos en Guanajuato y se dice que va iniciar un procedimiento en su contra. Parece exagerado eso, pero ya lo comentaremos.