El Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo para que el Órgano de Fiscalización Superior realice una auditoría a la pasada administración de León, encabezada por Bárbara Botello Santibáñez.
La propuesta fue realizada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) y aprobada por unanimidad.
El diputado panista Ricardo Torres Origel presentó el punto de acuerdo, del cual aseguró no pretende una cacería de brujas o revanchas políticas, sino explicaciones a las irregularidades presuntamente cometidas.
El legislador señaló ejemplos: obras a costos elevados como la de Timoteo Lozano, la plaza de la Ciudadanía, plaza del Parque Las Joyas, la casa de Luis Long y la remodelación del Centro histórico, además de que 33% de la obra pública contratada se concentró en ocho empresas.
También se refirió a irregularidades en la nómina, presunto desvío de recursos y compras a empresas inexistentes.
Destacó que durante la administración de Botello Santibáñez se dieron conflictos de intereses entre los proveedores y quienes autorizan las adquisiciones, liquidación de policías sin tener certeza de que no aprobaron el control de confianza y carga de pasivos laborales por despidos injustificados, más de mil 500.
“Contratación de personal que no cumplieron los lineamientos establecidos en Desarrollo Institucional, seguimiento a la creciente evolución de una nómina inflada y el posible pago de sobresueldos, del cual se habló mucho, a algunos funcionarios al final de la administración, con el fin de obtener liquidaciones ventajosas”, dijo también.
Torres Origel recordó la denuncia pública del pago con recursos del erario de servicios personales de algunos funcionarios, entre ellos de la propia Botello.
“Se cuentan por cientos las demandas en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de reclamos de los ciudadanos, por el abandono y el abuso de autoridad”, denunció.
Además cuestionó el uso de recursos que obtuvo la administración derivados del empréstito multimillonario que la Legislatura anterior le autorizó.
El legislador pidió al Órgano de Fiscalización aplicar con rigor y de forma amplia los procedimientos administrativos que tenga a su alcance, “para que los ciudadanos conozcamos la verdad de los hechos”.
Además solicitó que en caso de derivar en responsabilidades la revisión financiera, se aplique todo el peso de la ley a quienes resulten responsables, así como deslindar a los que no la tengan.
Según el acuerdo aprobado, la revisión deberá comenzar el 15 de noviembre de este año.
El coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Éctor Jaime Ramírez Barba y el diputado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), David Alejandro Landeros, consideraron que la revisión de la administración pasada es necesaria y además impostergable.
Expediente negro
Algunas de las denuncias planteadas por los legisladores:
Pago de servicios privados de funcionarios con recursos públicos.
Obras a costos elevados, como las deTimoteo Lozano, la Plaza de la Ciudadanía y la remodelación del Centro Histórico.
33% de la obra pública contratada por el Municipio se concentró en ocho empresas.
Compras a empresas inexistentes.
Desvío de recursos.
Conflictos de intereses entre proveedores y quienes autorizaron las adquisiciones.
Liquidación de policías sin tener la certeza de que no aprobaron el control de confianza.
Pasivos laborales por despidos injustificados, que llegan a más de mil 500 casos.
Contratación de personal que no cumplió los lineamientos establecidos.
Y los priístas apoyan
Los ocho diputado del PRI votaron a favor del punto de acuerdo presentado por Acción Nacional para revisar la administración municipal encabezada por Bárbara Botello Santibáñez.
El líder parlamentario del PRI, Jorge de la Cruz Nieto, aseguró que con su voto el partido no negó su apoyo a la alcaldesa priísta, sino que consideraron que no hay nada que esconder en la gestión y que los resultados del análisis serán positivos.
“No es falta de apoyo, al revés, como nosotros lo hemos manifestado muchas veces, el que nada debe, nada teme. El Órgano de Fiscalización Superior vivió los tres años de la administración de Bárbara constantemente ahí, hay muchas auditorias, en todas ha salido perfectamente bien”, sostuvo el dirigente de la bancada del partido tricolor.
Revisan también a Celaya
Los legisladores también aprobaron una auditoria al municipio de Celaya por los ejercicios fiscales del 2012 al 2015, período presidido por Ismael Pérez Ordaz, que fue propuesta por el Partido Revolucionario Institucional.
La propuesta fue planteada por el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Jorge de la Cruz Nieto, en la tribunal del Congreso local.
El legislador acusó al ex alcalde panista de haber incurrido en neportismo y de que durante su gestión se desviaron recursos económicos entregados por el Gobierno del Estado.
Además, sostuvo que se utilizó el aparato de Gobierno para hacer promoción de negocios personales del Presidente muncipal.
Recordó que la administración presidida por Pérez Ordaz fue conocida como el “ayuntamiento de los moches” y que incluso por esta situación hubo denuncias antes la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“En la de Celaya sí estamos seguros que se van a encontrar inconsistencias porque se ha privilegiado el nepotismo, han trabajado con sueldos de 30 mil pesos hijos de regidores, donde no se nos ha dicho donde quedó el dinero que dio el Gobierno del Estado para la modernización del transporte, donde se condona a una ex alcaldesa a pesar de que hay demanda antes la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dijo de la Cruz Nieto.
Demandan verdesresponsabilidad
La diputada del PVEM y ex regidora del Ayuntamiento de León, Beatriz Manrique Guevara, se pronunció a favor de la realización de la auditoría integral al municipio de León, siempre y cuando la misma se realice de forma responsable
“En el Partido Verde estamos absolutamente convencidos y a favor de que se lleve a cabo de manera exhaustiva la labor de fiscalización que tiene este Congreso”, señaló al respaldar la auditoría.
Consideró que el Órgano de Fiscalización Superior ya tiene un programa de auditoría que tiene que cumplir, además de las extraordinarias que se le solicitan hacer, pero que carece de personal suficiente para ello por las cargas de trabajo que tiene.
“Reconociendo estos puntos a los que me estoy refiriendo, nosotros solicitaríamos que sea el propio órgano quien nos informe una vez que haya sido aprobada esta auditoría integral, qué va a auditar, porque el gobierno de una ciudad del tamaño de la ciudad de León, que concentra más del 25% de la población del estado, es un gobierno harto complejo”, agregó.